- 18 de julio de 2026
La iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum propone homologar el delito de feminicidio en todo el país y aumentar las sanciones.

La legislación sobre el feminicidio en México podría tener uno de los cambios más importantes de los últimos años. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar las investigaciones y las sanciones en todo el país.
Uno de los aspectos que más llama la atención es el aumento y la unificación de las penas. De aprobarse la iniciativa, el delito de feminicidio tendría una sanción de 50 a 70 años de prisión, además de nuevas medidas que impedirían beneficios legales para quienes sean responsables.
La propuesta busca que todas las fiscalías del país investiguen este delito bajo los mismos criterios, evitando diferencias entre estados y fortaleciendo la persecución penal.
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¿Cuál sería la nueva pena máxima por feminicidio?
La iniciativa establece que la sanción para quien sea declarado responsable del delito de feminicidio será de 50 a 70 años de prisión, además de diversas consecuencias legales adicionales.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal explicó que el proyecto también homologa el tipo penal para que en todo México se aplique la misma definición del delito.
La propuesta señala de forma expresa que:
"[...] comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género".
Asimismo, contempla 10 circunstancias que permiten acreditar que el crimen fue cometido por razones de género, entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, contextos de desigualdad de poder y delitos motivados por estereotipos o prejuicios.
¿En qué casos aumentaría la condena?
La iniciativa también contempla 19 agravantes que incrementarían la pena hasta en una mitad cuando existan circunstancias específicas.
Entre ellas destacan los casos en los que la víctima:
- Esté embarazada.
- Viva con alguna discapacidad.
- Sea periodista.
- Sea defensora de derechos humanos.
- Sea migrante.
También se contempla un incremento cuando el responsable sea una persona servidora pública o cuando existan actos de violencia especialmente graves, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Otras consecuencias para los responsables
Además de la pena de prisión, la iniciativa propone diversas sanciones adicionales para quienes sean condenados por feminicidio.
Entre ellas destacan:
- Pérdida de los derechos sucesorios.
- Pérdida de la patria potestad.
- Pérdida de la tutela, guarda y custodia.
- Destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Asimismo, el proyecto establece que el delito será imprescriptible junto con la reparación del daño y elimina la posibilidad de acceder a beneficios como amnistías, conmutación de penas, libertad condicionada o criterios de oportunidad.
¿Qué busca la nueva Ley General de Feminicidio?
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el propósito es reducir la impunidad mediante reglas uniformes para investigar estos casos en todas las entidades.
Durante la presentación de la iniciativa afirmó:
"Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio".
La mandataria también explicó que la propuesta pretende fortalecer el trabajo de las fiscalías y evitar errores durante las investigaciones.
"Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar (...) Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios".
Protección para las víctimas y sus familias
La iniciativa también incorpora medidas dirigidas a las víctimas directas e indirectas.
Entre ellas se encuentran el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica especializada, asesoría jurídica gratuita, programas de apoyo para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad, así como mecanismos para garantizar una reparación integral del daño.
Además, contempla campañas nacionales de prevención, la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, la actualización permanente de los registros nacionales y la implementación de planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes.
La iniciativa deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión antes de entrar en vigor. De concretarse, México contaría con una legislación nacional que unifique la investigación, sanción y atención de los casos de feminicidio en las 32 entidades del país.

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