LOS DETALLES
De Texas a Coahuila, Durango y Zacatecas: la ruta del huachicol por 4 mil millones ligada al caso Ruffo
La FGR rastreó una ruta de combustible desde Texas hasta tres estados, con un posible daño fiscal superior a 4 mil millones.
Cada carro-tanque llevaba hasta 110 mil litros de combustible, pero ante las autoridades solamente aparecían alrededor de 10 mil. Esa diferencia permitió que el producto procedente de Texas ingresara a México sin pagar todas las contribuciones correspondientes y recorriera una ruta ferroviaria hacia Coahuila, Durango y Zacatecas, según la investigación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El expediente coloca dentro de esa estructura a una empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido el 16 de julio en Ensenada. La FGR sostiene que las operaciones analizadas provocaron un posible perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública. Ruffo y otras cuatro personas fueron asegurados durante el operativo inicial.
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La fiscal general Ernestina Godoy presentó el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora por la institución. La investigación abarca la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo, además del movimiento de recursos mediante cuentas bancarias, operaciones cambiarias y transferencias internacionales hacia empresas ubicadas fuera del país.
¿Cuál era la ruta del combustible desde Texas hasta México?
El combustible salía de refinerías ubicadas en Texas y era transportado hacia México en carros-tanque de ferrocarril. Las empresas involucradas se presentaban formalmente como importadoras de productos derivados del petróleo, pero presuntamente declaraban cantidades inferiores a las transportadas o registraban mercancías distintas para evadir impuestos y evitar las revisiones aduaneras correspondientes.
Una vez dentro de México, el producto seguía principalmente hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. La FGR reconstruyó ese trayecto mediante el cruce de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial. El análisis permitió seguir los cargamentos desde su ingreso por la frontera hasta los puntos donde eran descargados para continuar su distribución en diferentes regiones.
La red, según la Fiscalía, reportaba apenas el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque. Aunque los documentos registraban aproximadamente 10 mil litros, los vagones transportaban hasta 110 mil. El combustible que no aparecía en las declaraciones ingresaba sin revisión y posteriormente era llevado hacia vías de conexión ferroviaria conocidas como espuelas.
En esos puntos, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas. La FGR señaló que las operaciones se realizaban sin los permisos requeridos por la autoridad reguladora del sector energético. Después de recibir el combustible, esas compañías presuntamente se encargaban de venderlo y repartirlo en distintos puntos del territorio nacional.
La investigación identificó decenas de carros-tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí. Una primera acción operativa desarticuló uno de los principales centros de actividad y generó una afectación calculada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. El análisis posterior permitió ampliar el número de cargamentos, empresas y operaciones bajo revisión.
Los investigadores detectaron aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros que no fueron declarados ante las autoridades. En ese bloque del expediente fueron identificados 162 carros-tanque utilizados presuntamente para omitir contribuciones federales. La evasión estimada alcanzó 88 millones 511 mil 516 pesos por IEPS y otros 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al IVA.
El posible daño por esos dos impuestos sumó 106 millones 800 mil 821 pesos. La Fiscalía también encontró diferencias entre los permisos otorgados y el combustible que realmente habría ingresado al país. Los volúmenes de diésel superaron más de diez veces lo autorizado, mientras la gasolina regular rebasó tres veces y media la cantidad permitida.
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¿Cómo llegó la FGR al posible daño de 4 mil millones?
La FGR y la Agencia Nacional de Aduanas ampliaron la revisión hacia las operaciones efectuadas entre enero y julio de 2025. Durante ese periodo, la organización investigada habría realizado 4 mil 238 importaciones mediante las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ubicadas en el estado de Tamaulipas.
El análisis de esas operaciones elevó el posible perjuicio para la Hacienda Pública a más de 4 mil millones de pesos. La estimación contempla la introducción irregular de combustibles y la omisión de las contribuciones correspondientes. La cifra es distinta de los 106.8 millones calculados sobre los 162 carros-tanque examinados dentro de otro bloque específico de cargamentos.
La ruta física estuvo acompañada por un entramado financiero. La FGR identificó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares. Los recursos también habrían sido canalizados hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales con indicios de triangulación.
Las cuentas mostraban un comportamiento recurrente: recibían el dinero y lo transferían casi inmediatamente, por lo que conservaban saldos mínimos. De acuerdo con la explicación de la Fiscalía, ese patrón corresponde a las denominadas cuentas puente, utilizadas para complicar la identificación del origen de los recursos, su recorrido y las personas que terminaron beneficiándose de ellos.
Para reconstruir el flujo del dinero, los investigadores revisaron cuentas bancarias, cambios de divisas, relaciones corporativas, transferencias internacionales y movimientos realizados en distintas jurisdicciones. Esa información fue comparada con los permisos de importación, las capacidades de transporte ferroviario, los volúmenes declarados y las rutas seguidas por el combustible después de cruzar la frontera.
¿Qué relación atribuye la FGR a Ernesto Ruffo con la red?
La Fiscalía indicó que la estructura comenzó a operar mediante una empresa relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo Appel. El exgobernador fue detenido en Ensenada por elementos del Gabinete de Seguridad y trasladado posteriormente a instalaciones de la FGR en la Zona Río de Tijuana.
Antes de ser llevado a su primera audiencia, Ruffo salió del inmueble con camisa de cuadros y pantalón de mezclilla, escoltado por agentes de investigación. Videos difundidos por medios locales muestran que algunas personas presuntamente vinculadas con él intentaron acercarse. Al observarlas, el exmandatario les dijo: "No me olviden", antes de continuar hacia el vehículo oficial.
La operación derivó en órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. Hasta el anuncio de la Fiscalía habían sido detenidos Ruffo y otras cuatro personas, mientras continuaba la búsqueda de las restantes. Entre los investigados aparecen socios de las empresas señaladas, operadores logísticos, agentes aduanales, personal autorizado y otros servidores públicos presuntamente relacionados con las importaciones.
Claudia Sheinbaum rechazó que la detención tuviera una motivación política y señaló que el caso procede de una investigación desarrollada durante un año. La presidenta explicó que corresponderá al juez revisar las pruebas presentadas por la FGR, escuchar a los abogados y al exgobernador, y determinar si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal.
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"Si el exgobernador demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces de manera imparcial", declaró Sheinbaum. También descartó que el operativo buscara desviar la atención de otro asunto relacionado con Baja California. La mandataria sostuvo que las autoridades deben proceder con independencia de que la persona investigada sea funcionario o exfuncionario.
Somos México, organización de cuyo Consejo Consultivo forma parte Ruffo, exigió su liberación inmediata e incondicional. En un comunicado calificó la detención como un "atropello inaudito" y consideró la acusación una "cortina de humo". La FGR, en cambio, afirmó que cuenta con peritajes, entrevistas, diligencias y análisis de información que sustentan la investigación.
Las acciones fueron programadas en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. La Fiscalía indicó que las indagatorias permanecen abiertas y que comunicará la situación jurídica de las personas involucradas conforme avancen las etapas procesales, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
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