PAN acusa presión contra Sheinbaum por Rocha Moya y denuncia "empate" con citatorio a Maru Campos

La confrontación política entre Morena y el PAN salió a relucir una vez más luego de que la diputada federal panista Paulina Rubio Fernández acusara al gobierno federal de actuar bajo presión de Estados Unidos en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. 

La legisladora aseguró que la reciente visita del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, no fue protocolaria, sino una advertencia directa al gobierno mexicano para avanzar contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados afirmó que Washington habría exigido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum iniciar el procedimiento de extradición contra Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"El secretario de Seguridad de Estados Unidos no vino a saludar a la presidenta. Vino a ordenarle que inicien la extradición de Rubén Rocha Moya", remarcó la legisladora panista en un video.

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Citatorios de la FGR desatan nueva guerra política

Las declaraciones ocurrieron horas después de que la Fiscalía General de la República confirmara que Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios y políticos sinaloenses fueron citados a comparecer como parte de las investigaciones derivadas de acusaciones presentadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con la información dada a conocer por la FGR, las diligencias ministeriales buscan profundizar en las acusaciones formuladas por fiscales estadounidenses, quienes señalan a diversos funcionarios mexicanos de presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones criminales.

Entre los mencionados aparecen también el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exmandos policiacos y funcionarios de seguridad estatal.

La polémica aumentó cuando Rocha Moya confirmó públicamente que recibió el citatorio de la FGR y aseguró que acudirá "con la frente en alto" a comparecer ante las autoridades federales.

PAN acusa estrategia de "empatar cartones"

Sin embargo, para el PAN el tema tomó un giro político luego de que ese mismo día la FGR notificara también a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para declarar como testigo en la investigación relacionada con el operativo realizado en la Sierra del Pinal, donde murieron presuntos agentes vinculados con agencias estadounidenses y funcionarios mexicanos.

Paulina Rubio Fernández sostuvo que Morena intenta "mezclar" ambos casos para reducir el impacto político del expediente contra Rocha Moya.

"Como en Morena quieren empatar cartones, ahora quieren embarrar a nuestra gobernadora citándola como testigo en algo donde ni siquiera estuvo", señaló.

La diputada insistió en que las situaciones son completamente distintas. Mientras Rocha Moya enfrenta señalamientos relacionados con presuntos nexos con grupos criminales, Maru Campos fue requerida únicamente por la cadena de mando derivada de un operativo de seguridad.

"Que no nos distraigan. No es lo mismo combatir al narcotráfico que hacerse aliado de ellos", expresó la panista.

El caso Maru Campos también genera polémica

Aunque el PAN ha cerrado filas con la mandataria chihuahuense, el caso también ha generado cuestionamientos. La gobernadora inicialmente afirmó que desconocía detalles del operativo realizado en abril en la Sierra del Pinal. Sin embargo, días después reconoció públicamente la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, aunque negó que participara la CIA.

Según sus declaraciones, en el operativo estuvieron involucrados elementos del Departamento de Estado, Homeland Security, FBI y DEA.

Visita de funcionario de EE.UU. alimenta especulaciones

La visita del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, ocurre en medio de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos por temas relacionados con narcotráfico, extradiciones y cooperación en seguridad.

En semanas recientes, fiscales estadounidenses endurecieron acusaciones contra personajes políticos mexicanos supuestamente vinculados con organizaciones criminales, particularmente relacionadas con el Cártel de Sinaloa y la facción de "Los Chapitos".

Aunque el gobierno federal mexicano ha insistido en que no actuará sin pruebas contundentes, el PAN sostiene que la presión diplomática de Washington ya comenzó a reflejarse en las decisiones de la FGR.

Incluso, Rubio Fernández aseguró que el citatorio contra Rocha Moya representa el inicio de un procedimiento que eventualmente podría derivar en una solicitud formal de extradición.

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Morena defiende actuación de la FGR

Por su parte, Morena rechazó las acusaciones de persecución política y defendió el actuar de la Fiscalía General de la República.

El partido guinda aseguró que las investigaciones deben realizarse sin importar cargos o afiliaciones políticas y sostuvo que las comparecencias forman parte de diligencias normales dentro de procesos ministeriales.

Además, la Secretaría de Gobernación aclaró posteriormente que tanto Rocha Moya como Maru Campos fueron citados únicamente en calidad de testigos y no como imputados.

"La Fiscalía es un órgano autónomo y sus actuaciones se realizan conforme a la ley", señaló.

Por ahora, tanto Rocha Moya como Maru Campos deberán acudir ante la FGR para rendir declaración en medio de un escenario marcado por acusaciones cruzadas, tensión política y crecientes cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado en México.

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