TikTok, botanas, gastos cuestionados y controversias sobre austeridad han convertido al máximo tribunal en protagonista de constantes debates públicos.

Videos virales, camionetas blindadas y cuestionamientos por austeridad han marcado los primeros meses de la nueva SCJN.
Videos virales, camionetas blindadas y cuestionamientos por austeridad han marcado los primeros meses de la nueva SCJN. Créditos: Especial

La nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instalada el 1 de septiembre de 2025, ha estado acompañada por una serie de controversias que han puesto bajo escrutinio público al máximo tribunal del país. 

Desde videos virales grabados dentro de sus instalaciones hasta cuestionamientos por gastos millonarios y señales de privilegio, la Corte ha enfrentado críticas constantes sobre la congruencia entre su discurso de austeridad y las acciones de algunos de sus integrantes y colaboradores.

TikTok y botanas dentro de la Suprema Corte

La polémica más reciente estalló luego de que se viralizaran en redes sociales dos videos grabados dentro de las instalaciones de la SCJN, donde trabajadoras promocionaban botanas de la marca Snackin For You México.

En las grabaciones, difundidas originalmente en TikTok y posteriormente eliminadas, se observaba a colaboradoras actuando escenas humorísticas relacionadas con la vida laboral en la Corte. Uno de los videos llevaba el texto: "Editando mi día en el trabajo como si fuera un reality show", mientras otro recreaba una escena de la película animada Las locuras del emperador.

Las colaboradoras de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo que grabaron comerciales de botanas dentro de la SCJN.

La difusión del contenido provocó críticas inmediatas por el uso de espacios institucionales para fines personales y comerciales. Usuarios en redes cuestionaron que instalaciones públicas fueran utilizadas como escenario para contenido promocional.

Ante la controversia, la SCJN emitió un comunicado aclarando que las personas involucradas pertenecían a una ponencia ministerial y que el contenido fue realizado "a título estrictamente personal", sin autorización institucional. Además, informó que las trabajadoras presentaron su renuncia inmediata e irrevocable.

La Corte también anunció una revisión interna para determinar si existió uso indebido de recursos, tiempo laboral o mobiliario institucional.

El video de los zapatos del ministro presidente

Otro episodio que generó fuerte debate público ocurrió en febrero de 2026, cuando se difundió un video del ministro presidente de la SCJN,, previo a un evento conmemorativo en Querétaro.

Las imágenes mostraban a dos colaboradores agachados limpiando el calzado del ministro mientras éste permanecía de pie con las manos en los bolsillos. El video se viralizó rápidamente y provocó señalamientos sobre supuestos privilegios y actitudes alejadas del discurso de austeridad promovido desde distintos sectores del poder público.

Tras la polémica, Aguilar Ortiz explicó que el incidente ocurrió después de que una colaboradora derramara accidentalmente café sobre uno de sus zapatos, por lo que intentó limpiarlo de inmediato. Según su versión, el momento fue captado fuera de contexto.

"No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona", expresó posteriormente el ministro presidente en redes sociales.

Aunque la explicación buscó contener las críticas, el episodio se convirtió en otro símbolo del creciente escrutinio hacia la nueva integración de la Corte.

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Ante las críticas, Hugo Aguilar emitió un mensaje en su cuenta oficial de X explicando que a su vocera se le había derramado café. Créditos: Especial

Camionetas blindadas y el debate sobre la austeridad

A principios de 2026, la adquisición de camionetas blindadas para los ministros volvió a colocar a la SCJN en el centro de la controversia pública.

De acuerdo con la información difundida entonces, la Corte compró nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada ministro. El costo estimado osciló entre 2.4 y 3.5 millones de pesos por unidad, lo que representó un gasto total superior a los 30 millones de pesos.

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La compra de nueve camionetas blindadas por más de 31 millones de pesos generó un debate sobre el uso de recursos públicos en la Suprema Corte.  Créditos: Especial

La institución justificó la compra argumentando motivos de seguridad y cumplimiento de normativas internas. Sin embargo, la reacción negativa de la opinión pública obligó a los ministros a anunciar que las unidades no serían utilizadas por ellos y que serían reasignadas a juzgadores con mayores niveles de riesgo.

El caso alimentó nuevamente las críticas sobre el manejo presupuestal del Poder Judicial y la distancia entre las políticas de austeridad defendidas públicamente y ciertas decisiones administrativas.

Viajes, retratos y nuevas críticas

Las controversias no terminaron ahí. La ministra también fue señalada luego de que circularan fotografías de un viaje en clase ejecutiva rumbo a Costa Rica.

Las imágenes despertaron cuestionamientos sobre si el traslado había sido financiado con recursos públicos, especialmente en un contexto donde la SCJN insistía en el uso racional del presupuesto.

La ministra aclaró que el viaje tenía fines institucionales y académicos, relacionados con actividades del Año Judicial Interamericano y un seminario de derechos humanos. No obstante, las críticas persistieron.

Especial
La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue captada viajando en clase ejecutiva a Costa Rica.  Créditos: Especial

En paralelo, otro episodio generó debate cuando se reveló la posible contratación de un retrato al óleo de la ministra por un monto de 40 mil 600 pesos.

La cifra provocó inconformidad debido a que equivalía a más de 128 veces el salario mínimo diario vigente. Posteriormente, la SCJN aseguró que el contrato nunca se formalizó, el retrato no se realizó y no se efectuó pago alguno.

Una Corte bajo la lupa 

Los distintos episodios han contribuido a consolidar una percepción pública de desgaste para la nueva Suprema Corte. Aunque en cada caso la institución y los ministros involucrados han ofrecido explicaciones o tomado medidas correctivas, las polémicas continúan alimentando el debate sobre la congruencia, la transparencia y el ejercicio del poder dentro del máximo tribunal constitucional del país.

En medio de una creciente exposición mediática y del escrutinio constante en redes sociales, la SCJN enfrenta el reto de recuperar confianza pública mientras intenta reafirmar su papel como garante de la legalidad y la imparcialidad en México.




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