Rocha Moya habría pactado con Los Chapitos para ganar la elección de la gubernatura en Sinaloa

Una acusación por parte de Estados Unidos ha colocado nuevamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro de la polémica. De acuerdo con un documento judicial del Departamento de Justicia, el mandatario estatal habría sostenido reuniones con integrantes de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, para negociar apoyo durante su campaña electoral a cambio de protección una vez en el poder.

La revelación ha generado un fuerte impacto político y mediático, al tratarse de señalamientos que vinculan directamente a un funcionario en activo con una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

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Reuniones bajo resguardo armado

El expediente señala que el primer encuentro entre Rocha Moya y los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, habría ocurrido a inicios de 2021, en plena contienda electoral por la gubernatura de Sinaloa.

Según la versión de las autoridades estadounidenses, la reunión se llevó a cabo en un entorno fuertemente vigilado por hombres armados con equipo de alto poder. En ese contexto, "Los Chapitos" habrían ofrecido utilizar la estructura del cártel para asegurar el triunfo del entonces candidato.

A cambio, el político se habría comprometido a brindar protección institucional al grupo criminal una vez asumido el cargo.Promesas de control institucional y enlaces claveLa acusación también detalla que, como parte del supuesto acuerdo, Rocha Moya habría prometido colocar en posiciones estratégicas a funcionarios afines al cártel, con el objetivo de facilitar sus operaciones.

En este esquema, se menciona a Enrique Díaz Vega como uno de los intermediarios entre la organización criminal y el equipo político del entonces candidato. Su papel habría sido mantener la comunicación activa entre ambas partes durante el proceso electoral.

Posteriormente, ya como gobernador electo, Rocha Moya habría participado en una segunda reunión con "Los Chapitos", en la que también estuvo presente Enrique Inzunza Cázarez. En ese encuentro, señala el documento, se consolidaron los acuerdos tras el triunfo electoral.

Supuesto control de la seguridad pública

Uno de los aspectos más delicados de la acusación es que el mandatario habría cedido el control operativo de la Policía Estatal al grupo criminal, permitiendo que la facción operara sin interferencias.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, este arreglo habría facilitado el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio norteamericano, sin obstáculos por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Además, se señala que existía una coordinación entre miembros del cártel y mandos policiales para dirigir acciones únicamente contra grupos rivales, generando así una apariencia de combate al crimen.

El documento judicial sostiene que este mecanismo permitía proyectar una imagen de orden y eficacia en materia de seguridad, mientras en realidad se fortalecía el dominio de una sola facción criminal en la entidad.

Esta supuesta "depuración selectiva" habría consistido en detener o neutralizar exclusivamente a enemigos del grupo, consolidando su control territorial y reduciendo la competencia dentro del narcotráfico.

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Rocha Moya rechaza las acusaciones

Tras darse a conocer la información, el gobernador de Sinaloa respondió a través de redes sociales, donde negó de forma tajante los señalamientos en su contra.

Afirmó que las imputaciones carecen de sustento y forman parte de una estrategia para desacreditarlo tanto a él como al movimiento político que representa. Asimismo, sostuvo que defenderá su inocencia y que las acusaciones serán desmentidas en el momento oportuno.

El mandatario también consideró que este tipo de acciones vulneran la soberanía nacional y cuestionó el alcance de las autoridades extranjeras en asuntos internos de México.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas no han confirmado la existencia de investigaciones locales relacionadas con estos señalamientos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo legal del caso.

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