¿Quiénes son los 9 funcionarios acusados de narcotráfico junto al gobernador Rocha Moya?

Una acusación formal presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios ha creado una nueva crisis política y diplomática entre ambos países. El señalamiento, que incluye presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa, ha generado distintas reacciones tanto en México como en el extranjero.

El anuncio fue dado a conocer por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes detallaron una serie de cargos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua. La noticia ha provocado tensiones en un momento clave de la relación bilateral.

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Los delitos de los señalados

De acuerdo con la acusación, Rocha Moya y los otros funcionarios habrían participado en una red de colaboración con el crimen organizado, facilitando operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entre los cargos destacan conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de alto poder y acuerdos para el uso de explosivos.

Autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían aprovechado sus cargos públicos para proteger al grupo criminal, proporcionar información y permitir el libre tránsito de drogas. En algunos casos, también se les vincula con actos de violencia, incluyendo secuestros y homicidios.

Los señalados son politicos pertenecientes al partido politico de Morena y funcionarios que se desesmpeñaban como policías, por ejemplo, uno de los implicados, Juan Valenzuela Milán, enfrenta acusaciones adicionales por su presunta participación en el asesinato de una fuente vinculada a la DEA.

¿Quiénes son los funcionarios acusados?

La lista presentada por la Fiscalía estadounidense incluye a figuras clave del ámbito político y de seguridad en Sinaloa:

• Rubén Rocha Moya, gobernador del estado
• Enrique Inzunza Cázarez, senador
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
• Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de investigación criminal
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo"
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado"
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
• Juan Valenzuela Milán, comandante policial

Todos ellos enfrentan acusaciones similares relacionadas con narcotráfico, salvo en el caso de Valenzuela Milán, quien tiene cargos adicionales.

México cuestiona la falta de pruebas

Tras el anuncio, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, señaló que los documentos entregados no contienen elementos probatorios suficientes que acrediten la responsabilidad de los acusados.

La dependencia indicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de analizar el caso conforme al marco legal mexicano, para determinar si procede alguna acción.

Además, el gobierno mexicano expresó su inconformidad por la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, al considerar que se vulneraron acuerdos de confidencialidad entre ambas naciones.

Rocha Moya e Inzunza rechazan señalamientos

El gobernador de Sinaloa calificó las acusaciones como falsas y sin fundamento. Aseguró que se trata de un ataque político y defendió su trayectoria.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza también negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y atribuyó los señalamientos a prejuicios relacionados con su origen en Badiraguato, una región históricamente vinculada al narcotráfico.

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La investigación estadounidense sostiene que el Cártel de Sinaloa habría contado con el respaldo de funcionarios públicos que, a cambio de sobornos millonarios, facilitaron sus operaciones. Entre las acusaciones, se menciona que policías y autoridades habrían recibido órdenes para no intervenir en actividades delictivas, además de filtrar información confidencial.

Incluso se señala que Rocha Moya habría recibido apoyo de una facción del cártel durante su campaña electoral, a cambio de ofrecer protección posterior.

La acusación se da en un contexto en el que varios líderes del crimen organizado han llegado a acuerdos con autoridades estadounidenses. Declaraciones de figuras clave habrían contribuido a fortalecer las investigaciones, revelando redes de corrupción y colaboración con funcionarios.

Estos testimonios han sido utilizados como base para construir los casos judiciales que ahora apuntan a figuras políticas en México.

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