- 20 de agosto de 2025
La diligencia estaba prevista a las 10 de la mañana, sin embargo, únicamente acudió su abogado.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a la audiencia programada este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde la Fiscalía General de la República (FGR) planeaba imputarle diversos delitos relacionados con un presunto desfalco millonario.
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La diligencia estaba prevista a las 10 de la mañana y debía ser encabezada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava. Sin embargo, únicamente acudió su abogado, Ángel Echegaray Vaca, junto con representantes de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría de Michoacán y la Fiscalía General de Justicia estatal.
Ante la ausencia del exmandatario, la jueza cuestionó a la defensa sobre los motivos. El abogado respondió:
"Desconozco el motivo porque no haya asistido a esta audiencia".
FGR lo vigilaba desde hace dos años
De acuerdo con información revelada durante el proceso, la FGR mantenía bajo vigilancia a Silvano Aureoles desde hace dos años, así como a siete de sus excolaboradores. La investigación señala que el exgobernador sería probable responsable de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, debido al supuesto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos.
El origen de los señalamientos radica en la compra a sobreprecio de siete cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán. Según el Ministerio Público, los delitos se cometieron de manera continuada entre 2015 y 2021, durante su administración.
Incluso, un oficio de 2023 elaborado por el Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) advirtió del riesgo de que Aureoles y sus excolaboradores pudieran evadir la justicia u obstaculizar las investigaciones.
Orden de aprehensión y apoyo de Interpol
La jueza Patricia Sánchez Nava libró una orden de aprehensión en su contra desde el 27 de febrero de 2024, lo que llevó a que el caso escalara a nivel internacional. Actualmente, Aureoles es buscado en más de 190 países a través de Interpol.
La imputación formal incluye peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta. Además, la FGR lo responsabiliza de un daño al erario estatal de al menos mil 52 millones de pesos adicionales, vinculados al uso de recursos para la construcción de cuarteles en municipios como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Aureoles se ampara contra detenciones
En medio de este proceso, Aureoles ha promovido al menos tres amparos para frenar las órdenes de aprehensión en su contra. Apenas el lunes obtuvo una suspensión que impide su detención por una causa distinta al caso de los cuarteles de la Guardia Civil.
Sin embargo, investigaciones de la FGR han documentado que el exmandatario mantiene personal armado para resguardar sus propiedades, lo que refuerza las preocupaciones sobre un posible intento de evadir a las autoridades.
Excolaboradores detenidos
El caso no sólo involucra a Silvano Aureoles, sino también a varios miembros de su equipo cercano. Desde febrero permanecen en prisión preventiva cuatro exfuncionarios estatales, entre ellos:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
- José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.
- Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas.
- Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC.
Todos ellos enfrentan acusaciones de peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Implicaciones políticas y judiciales
La ausencia de Silvano Aureoles en la audiencia inicial genera un nuevo capítulo de tensión en torno a su situación legal. La FGR ha reiterado que cuenta con pruebas suficientes para acreditar el presunto desfalco y su papel en la red de irregularidades financieras.
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Mientras tanto, la defensa sostiene que se trata de un proceso que deberá garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. No obstante, la magnitud del desfalco señalado, junto con la participación de excolaboradores ya detenidos, refuerza la gravedad del caso.
La falta de presentación del exgobernador podría derivar en la ejecución inmediata de la orden de aprehensión y en un endurecimiento de las acciones para ubicarlo en territorio nacional o en el extranjero.
Con un historial político marcado por la controversia, Silvano Aureoles enfrenta ahora uno de los mayores retos de su carrera: responder ante la justicia por los delitos de los que se le acusa y el presunto desfalco que, según la FGR, dañó gravemente las finanzas públicas de Michoacán.

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