Así opera la compleja red de "Los Chapitos" en Mazatlán

Una red empresarial compuesta por spas, clubes de playa, constructoras e inmobiliarias en Mazatlán, Sinaloa, fue recientemente señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de las operaciones de lavado de dinero de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro reveló que estas compañías, aparentemente legales, son operadas por prestanombres vinculados a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dos de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán más buscados por el país vecino.

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El nombre de una maquillista, identificada como Sheila Paola Urías Vázquez, de 31 años establecida en Mazatlán, fue incluido en la más reciente lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según las autoridades estadounidenses, Urías es la encargada de administrar y figurar como propietaria de 10 empresas que funcionan como fachada para lavar las ganancias que deja el tráfico de fentanilo.

Originaria de Sinaloa y con formación profesional en Los Ángeles, Sheila es señalada como pareja sentimental de José Raúl Núñez Ríos, alias "El Lic.", un empresario con nexos directos con Iván Archivaldo Guzmán.

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Empresas para lavar dinero del narco

Estas son las 10 empresas que Estados Unidos ha identificado como parte de esta red financiera ilegal:

• Beach y Marina, S.A. de C.V. – Constructora fundada en 2007.
• Carpe Diem Spa – Salón de belleza ubicado en Boulevard Marina Mazatlán.
• Club Playa Real, S.A. de C.V. – Empresa recreativa con presencia desde 2000.
• Comercializadora Copad, S.A. de C.V. – Mayorista de productos para el hogar.
• Eco Campestres Ultra, S.A.P.I. de C.V. – Empresa reciente dedicada al desarrollo rural.
• IMB 24 Siete, S.A. de C.V. – Constructora fundada en 2020.
• MKT 24 Siete, S.A. de C.V. – Agencia publicitaria.
• MUE Renta y Venta de Vestidos – Comercio dedicado a la moda femenina.
• Proyecta Interna, S.A. de C.V. – Otra firma del sector construcción.
• Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V. – Operador turístico creado en mayo de 2024.

Estas compañías no solo operan en rubros atractivos para el turismo y los servicios de lujo, sino que también permiten disimular el origen de los fondos ilegales mediante inversiones en infraestructura y actividades económicas visibles.

"El Lic": el verdadero cerebro financiero

De acuerdo con la OFAC, José Raúl Núñez Ríos habría comenzado a acumular una gran fortuna a partir de 2021. Su estrategia consistió en adquirir terrenos y propiedades en Mazatlán para desarrollar negocios aparentemente legítimos, aunque con fondos provenientes del tráfico de drogas.

El gobierno estadounidense sostiene que Núñez Ríos financia directamente las actividades criminales de "Los Chapitos" en Mazatlán, particularmente la guerra territorial que mantienen contra otras células del narcotráfico. Para llevar a cabo su plan, recurrió a su esposa, quien aparece como la propietaria legal de todos estos negocios.

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Además de Núñez Ríos y Urías Vázquez, otro personaje clave en esta estructura es Víctor Manuel Barraza Pablos, alias "El 40", jefe de plaza en Mazatlán para el grupo de los Guzmán Salazar. Barraza, según la OFAC, no solo coordina el tráfico de fentanilo en la zona, sino que también es responsable de secuestros, extorsiones y asesinatos.

Un año antes de que se hicieran oficiales las sanciones por parte de la OFAC, circularon en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis volantes anónimos que ya señalaban hacia esta red. En ellos, se señalaba a Sheila Paola, Núñez Ríos y Barraza como operadores de "Los Chapitos". Incluso, los volantes mencionaban a figuras públicas e influencers como Markitos Toys, y al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el grupo delictivo.

Consecuencias legales

Tras la inclusión en la lista de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), todas las empresas ligadas a esta red enfrentan consecuencias, sus activos en territorio estadounidense serán congelados y se les prohibirá cualquier tipo de transacción con compañías o bancos norteamericanos.

Esta acción forma parte de un esfuerzo coordinado por parte del gobierno de Estados Unidos para debilitar las finanzas del Cártel de Sinaloa, enfocándose no solo en sus operadores de campo, sino también en quienes encubren sus operaciones a través de negocios aparentemente legítimos.

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