LA LUCHA QUE CUESTA LA VIDA
Activistas mexicanos caídos en defensa de la justicia social
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para activistas y defensores de derechos humanos y del medio ambiente decidan pedir justicia.
En un año marcado por la violencia contra defensores de derechos humanos en México, la reciente muerte del sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos indígenas en Chiapas y la desaparición de Sandra Domínguez al denunciar una red de trata de personas, subraya el alto costo de la lucha por la justicia social.
El más reciente homicidio del padre Marcelo, expone nuevamente la alarmante situación de los activistas en el país, donde en 2023 se reportaron al menos 18 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Durante el 2024, la violencia no cesa, y México continúa siendo uno de los países con mayores riesgos para quienes abogan por la paz y la justicia.
Un contexto alarmante para defensores en México
La situación que enfrentan los activistas en México, especialmente aquellos que defienden los derechos ambientales y de las comunidades indígenas, es inquietante. La ONG Global Witness reportó en 2023 que México es uno de los países con mayor número de asesinatos de activistas en América Latina, una región donde la violencia contra defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
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En el informe, que señala a México como uno de los países más letales para defensores de la tierra, se documentaron 18 asesinatos en 2023. La mayoría de estos casos ocurrieron en los estados de Michoacán, Jalisco y Colima, principalmente en comunidades afectadas por actividades mineras y explotación de recursos naturales.
La violencia que sufren quienes se oponen a proyectos extractivistas ha hecho de México un territorio hostil para quienes luchan por proteger el medio ambiente y los derechos humanos. Michoacán, con ocho asesinatos de defensores el año pasado, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para activistas debido a los conflictos con grupos que impulsan actividades mineras, frecuentemente vinculadas con redes de delincuencia organizada.
Chiapas: el asesinato de un defensor de la paz
La muerte del sacerdote, ha resonado en la comunidad defensora de derechos en México y en el ámbito internacional. Marcelo, quien dedicó su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas, fue asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Su labor se enfocaba en la defensa de la paz y en la protección de las comunidades indígenas en una región históricamente conflictiva.
El impacto de su asesinato va más allá de la pérdida de una vida; representa una amenaza simbólica hacia aquellos que se comprometen a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pérez había denunciado en múltiples ocasiones la presencia de grupos armados y la violencia generada por conflictos territoriales en Chiapas, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia pacífica ante la opresión y la violencia en la región.
América Latina: una región de alto riesgo para defensores
La situación en México refleja una problemática que también afecta a otros países del continente americano. En 2023, Colombia registró el mayor número de homicidios de defensores en el mundo, con 79 asesinatos, seguido por Brasil y México, ambos con 18. Este contexto hace que América Latina sea la región más peligrosa para activistas y defensores de derechos humanos y medioambientales, con 166 asesinatos en total.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes constituyen el 49% de las víctimas a nivel global, lo que demuestra la desproporcionalidad de los ataques que enfrentan estos grupos vulnerables. La criminalización de activistas es una táctica común en varios países de la región para silenciar a quienes se atreven a cuestionar las políticas extractivas y de explotación de recursos naturales.
En el caso de México, Global Witness destaca no solo el número de homicidios, sino también las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de activistas. Esta estrategia de intimidación ha convertido a Centroamérica y México en un epicentro de agresiones y represalias contra quienes defienden derechos fundamentales.
Un sexenio de violencia contra defensores
Desde el inicio del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, 102 activistas y defensores del medio ambiente fueron asesinados en México, según datos de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En un informe presentado en junio de 2023, Cemda detalló cómo las agresiones contra defensores han variado en los últimos años.
En 2018 se reportaron 21 asesinatos, una cifra que disminuyó a 15 en 2019, pero que volvió a aumentar en 2020 con 18 asesinatos y alcanzó un máximo de 25 en 2021. Estos datos evidencian una tendencia de violencia constante que persiste a pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones para llamar la atención sobre el problema.
Los defensores ambientales no solo enfrentan violencia física, sino también amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio que buscan debilitarlos. A pesar de las promesas del gobierno de garantizar la seguridad de los defensores, el número de víctimas sigue siendo alarmante.
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Los desafíos de defender la tierra y los derechos en México
La criminalización de los defensores en México se ha convertido en un obstáculo adicional para quienes trabajan en temas de justicia social. La intimidación y las acusaciones legales sin fundamento son parte de las tácticas utilizadas para debilitar sus esfuerzos y limitar su libertad de expresión.
Además, el alto nivel de impunidad en los casos de violencia contra defensores genera un ambiente de inseguridad que disuade a muchas personas de involucrarse en estas luchas. Uno de los principales problemas es la falta de apoyo y reconocimiento de parte de las autoridades.
Muchos casos de violencia y hostigamiento contra defensores quedan impunes, lo que fortalece el ciclo de represión y limita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Las organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno mexicano a implementar medidas de protección más efectivas y a investigar exhaustivamente los casos de agresión.
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