- 06 de noviembre de 2026
El INE presentó seis denuncias ante la FGR contra Guadalupe Taddei, funcionarios y contratistas por presuntas irregularidades en contratos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras por posibles irregularidades relacionadas con contratos de servicios y materiales electorales. Entre las personas que estarían relacionadas con el caso se encuentra la exconsejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.
La información fue dada a conocer este viernes 6 de noviembre por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, mediante un escrito enviado a integrantes de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con fuentes legislativas, otro de los posibles involucrados sería el contratista José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas que obtuvieron contratos de organismos electorales.
Las denuncias buscan que la FGR investigue los hechos y determine si existieron delitos. Aunque el nombre de Taddei aparece entre las personas relacionadas con el caso, el documento del OIC no detalla públicamente quiénes son los señalados en cada una de las seis denuncias.

¿Por qué el INE presentó seis denuncias ante la FGR?
De acuerdo con el informe presentado por el titular del Órgano Interno de Control, las seis denuncias fueron interpuestas contra personas que trabajan o trabajaron en el INE, así como contra empresas por su posible participación en hechos que podrían constituir delitos.
Entre las conductas que se busca investigar se encuentran:
Uso ilícito de atribuciones y facultades: cuando un funcionario utiliza su cargo para realizar acciones que no están permitidas por la ley.
Uso de documentos falsos: presentar o utilizar documentos que no son auténticos.
Tráfico de influencias: aprovechar una posición o relación con funcionarios para conseguir beneficios.
Ejercicio ilícito del servicio público: realizar acciones ilegales al desempeñar un cargo público.
Cohecho: ofrecer o recibir dinero o beneficios a cambio de favorecer a alguien.
El titular del OIC también señaló que las denuncias contemplan otros posibles delitos que la Fiscalía pueda identificar durante sus investigaciones.
¿Qué relación tiene Guadalupe Taddei con la investigación?
El nombre de Guadalupe Taddei aparece entre las personas que estarían relacionadas con las denuncias, de acuerdo con fuentes legislativas. Los señalamientos tienen que ver con posibles vínculos entre funcionarios y empresarios que habrían obtenido contratos para proporcionar materiales y servicios a organismos electorales.
Uno de los nombres señalados es el de José Alfredo Hernández Casillas, contratista que, junto con su hermano Raymundo Hernández Casillas, estaría relacionado con varias empresas proveedoras.
Las investigaciones también buscan aclarar si existieron acuerdos o beneficios para favorecer a determinadas compañías durante los procesos de contratación.
Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho pública una lista oficial con los nombres de todas las personas y empresas incluidas en cada denuncia. Por ello, será la FGR la encargada de establecer quiénes pudieron participar en los hechos y si existen elementos para fincar responsabilidades.

Cinco empresas recibieron contratos por más de 2 mil mdp
Uno de los antecedentes de este caso es la investigación sobre cinco empresas que habrían obtenido contratos por un total de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 30 de octubre, Víctor Hugo Carvente explicó que las compañías estaban relacionadas entre sí y que presuntamente simulaban competir para conseguir contratos de organismos públicos locales electorales (OPLE).
Estas instituciones son las encargadas de organizar las elecciones en los estados, por lo que necesitan contratar servicios y adquirir materiales para realizar sus actividades.

De acuerdo con lo expuesto por el titular del OIC, las empresas tenían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre otras personas.
Las autoridades buscan revisar cómo se otorgaron esos contratos, si realmente existió competencia entre las compañías y si algún funcionario intervino para favorecerlas.
El monto de 2 mil 461 millones de pesos corresponde al total de los contratos identificados durante ese periodo y no significa que esa cantidad haya sido determinada como un daño al dinero público.
Ocho funcionarios y una empresa también fueron citados
Además de las seis denuncias penales, el Órgano Interno de Control informó que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una empresa, fueron citadas a audiencias iniciales por posibles faltas administrativas graves.
Esto significa que deberán comparecer para responder a los señalamientos relacionados con sus actividades y decisiones dentro del organismo.
Una vez que avancen estos procedimientos, los expedientes podrían ser enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el encargado de determinar si existieron faltas y qué sanciones corresponden.
Este proceso es independiente de las denuncias penales presentadas ante la FGR, ya que uno busca determinar posibles faltas administrativas y el otro investigar si se cometieron delitos.

¿Qué sigue en el caso de Guadalupe Taddei?
Con la presentación de las seis denuncias, la FGR deberá revisar los hechos señalados y determinar si existen elementos para continuar con las investigaciones penales.
Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE informó que continuará con la revisión de los expedientes y que presentará nuevas denuncias si encuentra otros hechos que puedan constituir delitos.
De esta manera, las investigaciones buscan aclarar si existieron irregularidades en la asignación de contratos electorales, quiénes participaron y si hubo funcionarios que utilizaron sus cargos para beneficiar a determinadas empresas.
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