ASF exhibe cómo operaba la presunta red de corrupción de Taddei en el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó nuevas conexiones entre empresas proveedoras, antiguos trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y personas relacionadas con distintas compañías durante la gestión de Guadalupe Taddei. Los hallazgos forman parte de una investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos y posibles conflictos de interés dentro del organismo electoral.

A través de un documento llamado "Mapa de relaciones de investigación", la dependencia identificó siete empresas, 83 personas y 89 vínculos entre ellas. Entre las compañías que aparecen en el esquema se encuentran Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, TOL Producciones, Gráficas Corona J.E. y Comercializadora JVLT.

¿Cómo operaba la presunta red de empresas vinculadas al INE?

El mapa permite observar cómo se relacionaban las personas y las compañías, así como identificar a quienes aparecen vinculados con más de una firma. Entre los principales hallazgos destaca que algunas empresas compartían socios, representantes legales y personas relacionadas con sus actividades.

Uno de los vínculos identificados es el de Corporativo ZEG y Cajas Graf, compañías con las que aparecen relacionadas cinco personas. El esquema también muestra conexiones con Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, entre otras firmas incluidas en la investigación.

Estas relaciones son parte de los elementos que los auditores revisan para determinar si existieron acuerdos entre proveedores o mecanismos para favorecer a determinadas compañías en los procesos de contratación pública.

¿Quiénes son las personas relacionadas con las empresas?

Entre los nombres que aparecen en el mapa está Jonathan "N", extrabajador del INE y apoderado legal de Corporativo ZEG. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, esta persona registró percepciones por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, por lo que su relación con la empresa forma parte de los elementos que revisa la autoridad fiscalizadora.

Su nombre también cobró relevancia luego de que fuera señalado como presunto chofer de Guadalupe Taddei. Sin embargo, la entonces presidenta del INE negó que desempeñara esa función y explicó que trabajaba como asistente especializado dentro del instituto.

Otro de los nombres identificados es Alejandro "N", quien aparece como socio de Corporativo ZEG y como delegado en las asambleas de Formas Finas y Materiales. Esta relación lo vincula con dos de las compañías incluidas en el esquema de la ASF.

Por otra parte, César "N", Omar "N", Fernando "N" y Raymundo "N" aparecen relacionados con Corporativo ZEG y Cajas Graf. En tanto, Tatiana "N" figura como un vínculo entre Cajas Graf y Seriplast de México. La ASF revisa estas conexiones para determinar si las personas mencionadas tuvieron alguna participación en los procesos de contratación del INE y otros organismos electorales.

¿Qué investiga la ASF sobre los contratos del INE?

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en los contratos del INE y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como las relaciones entre empresas proveedoras y personas que pudieran estar vinculadas con los procesos de contratación.

El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, informó ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Entre las prácticas bajo revisión están los casos en los que una empresa gana una licitación y después subcontrata a otra que también participó en el concurso y pertenece al mismo grupo empresarial. Este mecanismo pudo utilizarse para aparentar competencia entre proveedores. También se identificaron compañías que facturaban cientos de millones de pesos, pero tenían menos de cinco trabajadores registrados o ninguno.

Otro hallazgo involucra operaciones por 21.3 millones de pesos entre proveedores relacionados con una de las empresas investigadas y un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), encargado de validar facturas electrónicas. La ASF señaló que las certificaciones de este proveedor fueron revocadas. Además, el auditor informó que otra de las compañías analizadas se encuentra suspendida del padrón de importadores.

La ASF continúa revisando contratos, documentos y relaciones entre las empresas y las personas involucradas para determinar si hubo irregularidades, daños a los recursos públicos o responsabilidades administrativas y legales.

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