Investigación al 90%: Las dos claves que faltan para cerrar el caso Manzo

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido durante el Festival de Velas de Uruapan, Michoacán, la investigación ministerial registra un avance de 90%, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Sin embargo, dos diligencias siguen pendientes y concentran parte de las preguntas que todavía rodean el expediente: la localización y detención de José Manuel Jiménez Miranda, quien era el jefe de escoltas del exalcalde, y la entrega de los teléfonos celulares del político, que permanecen en poder de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García.

Las autoridades estatales y federales han detenido a 34 personas presuntamente relacionadas con el homicidio. Al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso, entre ellas quienes son señalados como responsables de la autoría intelectual y de la planeación del ataque. Pese a los avances, todavía no se reportan sentencias y la Fiscalía reconoce que debe completar las dos diligencias para concluir las actuaciones correspondientes al fuero común.

El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, ha sostenido que las líneas de investigación agotadas hasta ahora no apuntan a un móvil político. La principal hipótesis ministerial relaciona el asesinato con los enfrentamientos que Manzo sostuvo contra organizaciones criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado es que, efectivamente, el móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil en el municipio y en la región de Uruapan en contra de los grupos delictivos, principalmente en cuanto fue a la detención de este personaje de apodo El Rhino", dijo.

Las dos diligencias que faltan en el caso Carlos Manzo

La primera interrogante está relacionada con José Manuel Jiménez Miranda, exmilitar que encabezó el equipo de seguridad personal de Manzo. La Fiscalía tiene pendiente ejecutar una orden de aprehensión en su contra, por lo que su localización es una de las acciones que todavía deben concretarse para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

La información proporcionada por las autoridades no precisa dónde se encuentra actualmente Jiménez Miranda. Tampoco permite establecer, por ahora, las circunstancias de su ausencia ni atribuirle una responsabilidad penal definitiva. Su situación debe distinguirse de la de los siete escoltas que fueron detenidos el 21 de noviembre de 2025 y vinculados a proceso por su probable participación en los hechos.

La segunda diligencia consiste en obtener los equipos telefónicos que pertenecieron al exalcalde. Los dispositivos están en poder de Grecia Quiroz, quien ha rechazado que exista una negativa a permitir su revisión y ha señalado que solicitó estar presente durante el procedimiento. En septiembre de 2026 informó que realizaba gestiones para entregarlos a la Fiscalía General de la República (FGR).

La revisión de esos dispositivos es relevante para completar el análisis de las comunicaciones y la información que pudiera resultar útil para las investigaciones. No obstante, hasta ahora la Fiscalía no ha informado públicamente qué datos específicos espera encontrar ni ha señalado que la posesión de los teléfonos implique alguna responsabilidad para la alcaldesa.

El tema adquirió mayor atención después de que Esfera Noticias reportara la existencia de audios de noviembre de 2025 en los que presuntamente se menciona a Quiroz. De acuerdo con la información proporcionada, esos materiales no forman parte de la carpeta de investigación. El vicefiscal reconoció que no están incorporados al expediente. Ninguna autoridad ha imputado a la presidenta municipal por el asesinato.

Vega Rodríguez explicó que ambas acciones siguen pendientes dentro de las diligencias del fuero común.

"Continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la cumplimentación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente, contra el que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil y desde luego estamos en el agotamiento del resto de las líneas de investigación, como es la aportación de los teléfonos del exedil [en poder de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz]", señaló.

Los detenidos y la estructura señalada por la Fiscalía

El avance de la investigación incluye la captura de personas que, según las indagatorias, habrían participado en distintas etapas del crimen. Entre ellas destaca Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como "El R1", identificado por las autoridades como líder regional del CJNG y presunto autor intelectual del homicidio.

Fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fuerzas Especiales del Ejército y personal del Centro Nacional de Inteligencia. Actualmente está vinculado a proceso.

Otro de los principales detenidos es Jorge Armando "N", conocido como "El Licenciado". La Fiscalía de Michoacán lo capturó en Morelia el 19 de noviembre de 2025 y lo señala como el operador encargado de organizar y coordinar la ejecución del asesinato.

De acuerdo con las investigaciones, habría actuado bajo las órdenes de "El R1". Permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

Las pesquisas también identificaron una presunta red de reclutamiento, sicariato, venta de drogas y vigilancia al servicio del grupo criminal. En ese contexto fueron detenidos siete integrantes del equipo de escoltas de Manzo y dos funcionarios municipales.

Entre estos últimos se encuentra Samuel "N", quien se desempeñaba como director de Protocolo y es investigado por presuntamente proporcionar información sobre la agenda privada del alcalde. Las autoridades han señalado que habría mantenido vínculos con la célula criminal a cambio de drogas para consumo personal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a la función que presuntamente desempeñaban personas cercanas al exalcalde: "filtrar información al grupo criminal, del cual eran también parte".

También fue detenida Rosa Alejandra "N", exsecretaria del Bienestar municipal, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Es madre de Alejandro "N", alias "El Macas", uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis Jesús, "El Brilloso", y Cristian Martín, "El Vikingo", a quienes las investigaciones relacionan con la célula señalada por planear y ejecutar el homicidio. Estas imputaciones deberán resolverse en los procesos judiciales correspondientes.

Un crimen que todavía no llega a sentencia

Carlos Manzo fue atacado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas. El agresor, identificado como menor de edad, fue abatido por integrantes del equipo de seguridad del entonces presidente municipal. Durante el ataque también resultó herido en un brazo el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

Desde entonces, las autoridades han reunido miles de elementos para reconstruir los hechos. La FGE reportó 3 mil 500 actos de investigación, el análisis de mil 200 horas de video, 120 audiencias, 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información.

Aunque la Fiscalía considera que el expediente tiene un avance de 90%, ese porcentaje no significa que exista una resolución judicial definitiva. La mayoría de los procesos se encontrarían próximos a avanzar a juicio oral, etapa en la que se analizarán las pruebas y se determinarán las responsabilidades penales. En la información pública disponible no se reportan sentencias por el asesinato.

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Las controversias políticas y el futuro del caso

La investigación también ha estado rodeada de señalamientos políticos. En febrero de 2026, Grecia Quiroz presentó denuncias ante la Fiscalía estatal contra el senador Raúl Morón Orozco, el diputado Leonel Godoy Rangel y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, con el propósito de que se investigara una posible relación con el homicidio.

La FGE ha reiterado que, con el avance reportado, no cuenta con elementos que indiquen que el crimen tuvo un móvil político.

La alcaldesa y el Movimiento del Sombrero han solicitado que la FGR atraiga el expediente. La Fiscalía estatal ha defendido que la investigación corresponde al ámbito local, aunque ha expresado disposición a colaborar si la autoridad federal decide asumir el caso.

En paralelo, el asesinato tiene consecuencias en el escenario político rumbo a las elecciones de 2027. Quiroz ha dicho que definirá en aproximadamente mes y medio si buscará la gubernatura de Michoacán. Si decide competir por la vía independiente, deberá cumplir con los plazos y requisitos establecidos por el Instituto Electoral de Michoacán, entre ellos reunir alrededor de 73 mil firmas de apoyo.

Por ahora, el cierre de la investigación estatal depende de dos asuntos concretos: ejecutar la orden de aprehensión contra el exjefe de escoltas y obtener los teléfonos de Carlos Manzo. La Fiscalía sostiene que ha esclarecido buena parte de la estructura que habría participado en el crimen, pero esas diligencias, junto con el desarrollo de los procesos judiciales, siguen siendo necesarias para completar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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