Prisión preventiva para Ángel Aguirre: esto resolvió el juez en la audiencia por el caso Ayotzinapa

Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien enfrenta acusaciones por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

La resolución se dio durante la audiencia inicial celebrada este viernes en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde el juzgador también declaró legal la detención del exmandatario, realizada el pasado 6 de agosto en el Estado de México por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la situación jurídica de Aguirre Rivero aún no queda definida. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo 11 de agosto a las 10:00 horas, cuando el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La acusación se cent ra en la desaparición de videos del Palacio de Justicia de Iguala

La investigación de la FGR sostiene que el entonces gobernador habría ordenado la desaparición de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la fiscalía, las cámaras 12 y 15 registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales y estatales.

Las autoridades consideran que esas imágenes eran una pieza clave para reconstruir lo ocurrido con los normalistas. Durante años, la versión oficial sostuvo que dicho material no existía debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia.

Testigos protegidos apuntan a una orden desde el gobierno estatal

La FGR informó que en enero de 2026 obtuvo el testimonio de un colaborador que aseguró que las grabaciones sí existían y que fueron retiradas para ser entregadas directamente al entonces gobernador.

Según la institución, un segundo testigo protegido, incorporado a la investigación en mayo de este año, reforzó esa versión al señalar que Aguirre Rivero habría instruido, durante una reunión con integrantes de su gabinete, la eliminación de cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Con base en esos testimonios y otros elementos de prueba, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

FGR sostiene que el ocultamiento fue una acción deliberada

Al presentar los avances de la investigación, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos aseguró que la institución cuenta con evidencia que apunta a una instrucción directa desde el gobierno estatal para desaparecer el material videográfico.

En su mensaje, la funcionaria afirmó: "Fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal".

La FGR señaló que continuará con las investigaciones y reiteró que mantendrá informadas a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.

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