¿Qué es el decreto de transparencia de Sheinbaum? Las claves para entender de qué trata y qué cambia

El Gobierno federal busca que los ciudadanos tengan un acceso más amplio a la información y puedan conocer con mayor facilidad cómo se utilizan los recursos públicos. Para lograrlo, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que establece nuevas reglas de transparencia para las dependencias federales.

Entre los principales cambios, las instituciones deberán publicar más información, actualizar mensualmente los contratos del Gobierno, ampliar los datos sobre Pemex, CFE y las auditorías, además de limitar los casos en que un documento podrá mantenerse reservado. También se modernizará la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para facilitar la consulta de datos.

Si has escuchado hablar de esta medida, pero no tienes claro en qué consiste, aquí te contamos qué es el decreto de transparencia, de qué trata y cuáles son los cambios más importantes.

¿Qué es el decreto de transparencia?

El decreto de transparencia es una medida emitida por el Gobierno federal para establecer nuevas reglas sobre la información que deben publicar las dependencias de la Administración Pública Federal y reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a ella.

En términos sencillos, busca que haya más información pública disponible, que las autoridades tengan reglas claras sobre qué datos deben dar a conocer y que los casos en los que un documento pueda mantenerse reservado sean menos y estén plenamente justificados por la ley.

Además, el decreto servirá como base para incorporar estos cambios a la Ley General de Transparencia, con el objetivo de que las nuevas obligaciones queden establecidas de manera permanente.

¿Qué cambia con el decreto?

Con la entrada en vigor de este decreto, las dependencias federales deberán cumplir nuevas reglas de transparencia que buscan hacer más sencillo el acceso a la información pública y ofrecer datos más completos y actualizados sobre su funcionamiento.

Los cambios abarcan desde la forma en que se publican los contratos del Gobierno hasta la información que deberán difundir empresas como Pemex y CFE, además de reforzar la transparencia en auditorías y limitar los casos en que un documento podrá mantenerse reservado.

A continuación, te explicamos los cuatro cambios más importantes que contempla el decreto.

Los cuatro principales cambios del decreto

1. Los contratos públicos se actualizarán cada mes

Uno de los cambios más importantes es que la información sobre contratos y convenios del Gobierno federal dejará de publicarse cada tres meses y pasará a actualizarse mensualmente.

Con esta medida, la ciudadanía podrá consultar con mayor rapidez información sobre las compras, obras y servicios contratados por el Gobierno, así como las modificaciones que se realicen durante su ejecución.

2. Pemex y CFE deberán publicar más información

Las filiales de Pemex y CFE estarán obligadas a difundir información adicional relacionada con su operación y administración.

Entre los datos que deberán hacerse públicos se encuentran:

• Estados financieros.

• Contratos.

• Políticas de operación.

• Esquemas de gobierno corporativo.

• Informes presentados ante agencias o autoridades extranjeras.

El objetivo es ofrecer una mayor rendición de cuentas sobre el funcionamiento de ambas empresas del Estado.

3. Habrá mayor transparencia en auditorías

El decreto también amplía la información que deberá difundirse sobre la supervisión del gasto público.

Las autoridades publicarán datos relacionados con:

• Programas anuales de fiscalización.

• Estadísticas de auditorías.

• Estado que guardan las auditorías.

• Seguimiento a las observaciones realizadas.

• Padrón de despachos de auditores externos.

Con ello se busca que cualquier persona pueda conocer cómo se revisa el uso de los recursos públicos y el avance de las auditorías.

4. Se invita a estados y municipios a adoptar las mismas medidas

Aunque el decreto aplica a la Administración Pública Federal, el Gobierno convocará a los estados, municipios y otros poderes públicos para que adopten el mismo principio de máxima publicidad y fortalezcan la difusión de información pública.

¿En qué casos podrá reservarse la información?

Uno de los cambios más relevantes del decreto es que reduce las razones por las que una dependencia puede negar el acceso a información pública.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno federal, la intención es que las excepciones se limiten únicamente a los casos previstos por la ley y que la reserva de documentos deje de aplicarse de manera amplia.

En términos generales, la información solo podrá mantenerse reservada cuando su difusión pueda afectar:

• Procesos judiciales o administrativos en curso.

• Asuntos relacionados con la seguridad nacional.

• Datos personales o información confidencial protegida por la ley.

Con este cambio, la reserva de información se convierte en una excepción y no en la regla. Cuando un documento contenga datos confidenciales, las autoridades deberán elaborar una versión pública, ocultando únicamente la información protegida para que el resto del contenido pueda ser consultado por cualquier ciudadano.

También se modernizará la Plataforma Nacional de Transparencia

Además de ampliar la información disponible, el decreto contempla una actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el portal donde las personas pueden consultar información pública y presentar solicitudes de acceso a documentos oficiales.

De acuerdo con el Gobierno federal, en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporarán nuevas herramientas para facilitar la búsqueda, consulta, descarga y análisis de la información pública.

La plataforma también integrará nuevos contenidos relacionados con contrataciones, auditorías, empresas públicas y otros temas de interés ciudadano, con el propósito de ofrecer información más completa y actualizada.

¿Qué sigue después del decreto?

El Gobierno federal adelantó que las medidas incluidas en el decreto serán incorporadas posteriormente a la Ley General de Transparencia, con el objetivo de que estas nuevas obligaciones queden establecidas de forma permanente.

Mientras tanto, las dependencias de la Administración Pública Federal deberán comenzar a aplicar las nuevas disposiciones y ampliar la información que ponen a disposición de la ciudadanía.

Datos clave del decreto de transparencia

• Busca ampliar el acceso a la información pública.

• Refuerza el principio de máxima publicidad previsto en la Constitución.

• Los contratos del Gobierno federal deberán actualizarse cada mes.

• Pemex y CFE publicarán más información financiera, administrativa y contractual.

• Se difundirá más información sobre auditorías y fiscalización.

• Se reducen los casos en que la información podrá mantenerse reservada.

• Cuando un documento contenga datos confidenciales, deberá publicarse una versión pública con la información protegida.

• La Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nuevas herramientas y contenidos en un plazo máximo de 30 días hábiles.

• El Gobierno buscará incorporar estas medidas a la Ley General de Transparencia.

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