Vinculan a exasesor de alcaldesa de Acapulco con caso de extorsión; lo relacionan con homicidio de activista anti La Parota

La detención de un exasesor del Ayuntamiento de Acapulco abrió una nueva línea de investigación en uno de los casos más sensibles de Guerrero. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que la presunta red de extorsión encabezada por el exfuncionario podría estar relacionada con el asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, histórico opositor al proyecto hidroeléctrico La Parota y representante de prestadores de servicios turísticos en la playa Icacos.

La controversia escaló luego de que el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, planteara públicamente la posibilidad de que el grupo criminal señalado por autoridades federales sea el mismo que presuntamente amenazó y extorsionó a Marco Antonio Suástegui antes de su muerte.

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La hipótesis del caso Suástegui

De acuerdo con Barrera Hernández, una de las principales líneas de investigación sobre el asesinato del dirigente social está relacionada con las extorsiones que enfrentaban trabajadores y prestadores de servicios turísticos en la zona costera de Acapulco.

Explicó que Suástegui denunció en distintas ocasiones la presión económica ejercida por grupos que exigían pagos a comerciantes y operadores turísticos. Inicialmente habría intentado resistirse a dichas exigencias, pero ante la magnitud del problema terminó realizando pagos.

La situación se agravó cuando las cuotas presuntamente aumentaron. Fue entonces cuando, junto con otros trabajadores del sector, decidió organizarse para expresar su inconformidad y rechazar nuevas exigencias económicas.

El defensor de derechos humanos sostuvo que las amenazas y conflictos derivados de esa situación colocaron al líder social en un escenario de alto riesgo, sin que, aseguró, existiera una respuesta efectiva de las autoridades.

Operativo federal termina con 11 detenidos

La madrugada de esta semana se realizó un operativo en Acapulco que culminó con la detención de Jesús Zamora Cervantes y otras diez personas presuntamente vinculadas a una estructura dedicada a la extorsión de prestadores de servicios turísticos.

La acción fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la organización operaba de manera sistemática en diversas áreas de la Costera Miguel Alemán.

De acuerdo con la información oficial, siete de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades federales identifican a Zamora Cervantes como uno de los presuntos líderes de esta estructura criminal, la cual habría mantenido influencia sobre actividades económicas vinculadas al turismo en el puerto.

De asesor municipal a investigado por presunta delincuencia organizada

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el pasado de Zamora Cervantes dentro de la administración pública municipal.

Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que ocupó el cargo de asesor general en el Ayuntamiento de Acapulco a partir de septiembre de 2023.

Durante su permanencia en esa función, recibió percepciones salariales que variaron según los periodos reportados oficialmente. Su último registro como servidor público aparece en septiembre de 2025.

La revelación de estos antecedentes ha provocado cuestionamientos sobre los controles institucionales y el alcance de la influencia que pudo haber tenido dentro de la administración municipal.

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El asesinato que conmocionó a Guerrero

Marco Antonio Suástegui Muñoz fue una de las figuras más visibles de la oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota y también encabezó movimientos de defensa de trabajadores turísticos en Acapulco.

El activista fue atacado a balazos el 18 de abril de 2025 mientras se encontraba en la playa Icacos, donde desarrollaba actividades económicas relacionadas con la renta de mobiliario y equipos recreativos para visitantes.

Tras permanecer varios días hospitalizado, falleció una semana después debido a las heridas sufridas en la agresión.

Su muerte generó indignación entre organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y habitantes de Guerrero, quienes exigieron una investigación exhaustiva para identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el ataque.

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