Capturan a Antonio Molina, exfuncionario de García Luna investigado por presunta red de corrupción

La red de exfuncionarios vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sigue bajo la mira de las autoridades federales. Este miércoles, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Antonio Molina Díaz, quien durante años ocupó una posición estratégica dentro del sistema penitenciario federal y ahora enfrenta acusaciones relacionadas con un presunto esquema de desvío de recursos públicos por miles de millones de pesos.

Molina Díaz se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) entre 2013 y 2018, periodo en el que tuvo responsabilidad sobre proyectos penitenciarios impulsados durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Su captura representa un nuevo capítulo en las investigaciones que las autoridades mantienen abiertas contra antiguos integrantes del círculo de confianza de García Luna, actualmente condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Lo vinculan con contratos para construir ocho penales federales

De acuerdo con las investigaciones federales, Antonio Molina habría participado en la firma de contratos relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales.

La FGR sostiene que esos convenios forman parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades financieras que habrían permitido el desvío de recursos públicos mediante mecanismos considerados fraudulentos.

Las acusaciones que pesan sobre el exfuncionario incluyen peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados de alta gravedad dentro del sistema penal mexicano.

La presunta red operaba bajo el liderazgo de García Luna

Las indagatorias apuntan a que Molina Díaz habría formado parte de una estructura criminal presuntamente encabezada por Genaro García Luna.

Según la línea de investigación de la Fiscalía, esa organización estaría integrada por familiares, excolaboradores y empresarios vinculados a compañías que habrían sido utilizadas para obtener contratos públicos y desviar recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Las autoridades calculan que el daño patrimonial investigado supera los cinco mil millones de pesos, recursos que presuntamente fueron canalizados mediante contratos simulados y una red de empresas fachada.

El caso se suma a una serie de procesos judiciales abiertos contra antiguos funcionarios del sector seguridad, en los que las autoridades buscan esclarecer el destino de recursos destinados a infraestructura penitenciaria y otros proyectos federales.

La detención ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo

Para ejecutar la orden judicial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, desplegaron un operativo en la colonia Anáhuac, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Fue en ese punto donde las autoridades localizaron y detuvieron al exfuncionario, quien posteriormente fue trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Aseguran identificaciones falsas, dinero en efectivo y teléfonos celulares

Durante el operativo, los agentes también realizaron el aseguramiento de diversos objetos que ahora forman parte de la investigación.

Entre ellos se encuentran varias identificaciones apócrifas con distintos nombres, teléfonos celulares, dos mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos en efectivo.

Las autoridades buscarán determinar si estos elementos guardan relación con las conductas delictivas que se investigan o con posibles intentos de ocultamiento de identidad.

Tras su captura, Antonio Molina Díaz fue puesto a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal instalado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En las próximas horas se definirá su situación jurídica, mientras la Fiscalía continúa integrando elementos dentro de una investigación que apunta a una de las presuntas tramas de corrupción más relevantes relacionadas con exfuncionarios del área de seguridad federal en las últimas administraciones.

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