Entre presión de EE.UU. y acusaciones de narcopolítica: el círculo cercano a Rocha Moya llega a la FGR

Bajo la sombra de acusaciones de presuntos nexos con Los Chapitos y con Estados Unidos exigiendo acciones judiciales, Rubén Rocha Moya y varios integrantes de su círculo cercano dentro de Sinaloa, comenzaron a desfilar por las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir declaraciones ministeriales. 

El caso ya no sólo golpea a uno de los gobiernos estatales más importantes de Morena, sino que amenaza con convertirse en una crisis política de alcance nacional.

Exfuncionarios, operadores de seguridad y figuras cercanas al gobierno sinaloense acudieron a comparecer luego de que autoridades estadounidenses los señalaran por presuntamente brindar protección al grupo criminal encabezado por Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La escena dejó imágenes que hace apenas unos meses parecían impensables: un gobernador con licencia, mandos policiacos y exfuncionarios enfrentando investigaciones simultáneas en México y Estados Unidos.

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Rocha Moya comparece y asegura que "la verdad prevalecerá"

Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando Rubén Rocha Moya confirmó públicamente que acudió a las instalaciones de la FGR para atender el citatorio girado en su contra.

El mandatario con licencia difundió un mensaje en redes sociales donde aseguró que responderá a todos los llamados de las autoridades mexicanas y defendió su actuación durante su gestión al frente del estado.

"Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia. Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca", escribió.

La comparecencia ocurre, luego de que autoridades estadounidenses identificaran a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses dentro de investigaciones relacionadas con supuestos acuerdos de protección al crimen organizado.

Aunque en México no se han presentado cargos formales hasta el momento, las declaraciones forman parte de una carpeta que podría ampliarse conforme avancen las investigaciones federales.

El primero en llegar fue el vicefiscal con licencia

Antes de la llegada de Rocha Moya, quien acudió bajo fuerte expectativa mediática, el primero en presentarse ante la FGR fue Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de Sinaloa.

Tras rendir declaración, el funcionario habló brevemente con medios de comunicación y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

"Nos citaron y atendemos la situación. Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación", expresó.

Castro evitó revelar detalles sobre el contenido de la comparecencia y tampoco precisó si fue citado como testigo o como parte de la investigación. También señaló que esperará el desarrollo del proceso antes de definir si regresará a ocupar su cargo.

Su presencia en la Fiscalía fue interpretada como una señal de que las indagatorias podrían alcanzar distintos niveles dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Sinaloa.

Horas más tarde llegó Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán y uno de los personajes más cercanos políticamente a Rocha Moya. A diferencia de otros implicados, el funcionario evitó declaraciones públicas y abandonó discretamente las instalaciones federales a bordo de una camioneta.

Sin embargo, antes de acudir había asegurado que respondería al llamado de las autoridades "con absoluta certeza" de haber actuado siempre conforme a la legalidad.

Su comparecencia elevó todavía más la tensión política en Sinaloa, donde crece la incertidumbre sobre el alcance real de las investigaciones abiertas tanto en México como en EE.UU.

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Dos exfuncionarios ya se entregaron a las autoridades estadounidenses

Mientras algunos señalados comparecieron ante la FGR, otros optaron por entregarse directamente a autoridades norteamericanas.

Uno de los casos más relevantes es el de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se presentó voluntariamente en Arizona luego de cruzar por la garita de Nogales.

El exfuncionario se convirtió en uno de los primeros implicados en ponerse a disposición de EE.UU. tras darse a conocer las solicitudes de detención con fines de extradición.

Otro nombre que apareció en el expediente es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense, quien también habría acudido ante autoridades estadounidenses.

Las entregas voluntarias incrementaron la presión política sobre el resto de los involucrados y alimentaron versiones sobre posibles negociaciones judiciales fuera de México.

Entre los nombres también destaca el  del senador Enrique Inzunza Cazárez, además de exmandos policiacos estatales relacionados con áreas de investigación y seguridad.

Mientras tanto, la presión de Washington sigue creciendo. Autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones sobre presuntas redes de protección política al Cártel de Sinaloa y han insistido en la necesidad de avanzar en procesos judiciales y posibles extradiciones.

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