¿QUÉ HARÁN?
¿Adiós candidaturas de narcos?: El plan de Sheinbaum para evitar que grupos criminales lleguen al poder
Sheinbaum enviará reforma para que partidos revisen si candidatos tienen posibles nexos con el crimen organizado rumbo a 2027.
La infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales encendió las alertas en Palacio Nacional y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum busca llevar ese debate hasta la ley electoral. Su apuesta es crear un mecanismo para que los partidos políticos puedan conocer si alguno de sus aspirantes representa un "riesgo razonable" de tener vínculos con la delincuencia antes de registrarlo como candidato rumbo a las elecciones de 2027.
La presidenta confirmó que este jueves enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo de abrir una ruta institucional para revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos, luego de casos recientes en los que autoridades municipales fueron señaladas o detenidas por presuntos nexos con grupos criminales.
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Sheinbaum explicó que la decisión se tomó después de analizar diversos casos detectados desde el inicio de su administración. "Desde que entramos al gobierno hemos vivido algunos casos, lo subrayo, de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada", señaló durante su conferencia matutina al justificar la urgencia de la propuesta.
La reforma busca que existan herramientas legales para que los partidos tengan acceso a una evaluación previa sobre sus candidatos, sin violentar la presunción de inocencia ni sustituir el trabajo de las autoridades ministeriales. El objetivo, dijo la mandataria, es que antes de postular a una persona exista un mecanismo que permita conocer si hay alertas relacionadas con posibles nexos criminales.
¿Qué propone la reforma de Sheinbaum para revisar candidatos?
La iniciativa contempla la creación de una comisión de verificación e integridad de candidaturas, integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. De acuerdo con lo planteado, esta comisión podría coordinarse con instituciones como:
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
La función del mecanismo sería consultar si existe un "posible riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada respecto de aspirantes que los partidos políticos decidan someter a revisión.
La propuesta establece que los partidos entregarían de forma voluntaria la lista de sus abanderados a esta comisión, que revisaría información disponible con las instituciones del Estado. Posteriormente, el órgano únicamente informaría si existe o no algún riesgo razonable, sin revelar detalles de investigaciones o expedientes en curso.
Con base en esa información, serían los propios partidos políticos quienes tendrían la responsabilidad de decidir si registran o no la candidatura. Es decir, el resultado no impediría automáticamente una postulación, pero sí funcionaría como una alerta previa para evitar que perfiles bajo sospecha lleguen a competir por cargos públicos.
La presidenta insistió en que este mecanismo tendría que operar dentro del marco constitucional y con respeto pleno a la presunción de inocencia. "Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes", subrayó.
Casos recientes detonaron la propuesta
Sheinbaum explicó que la iniciativa surge después de una serie de casos en los que autoridades municipales fueron señaladas o detenidas por presuntos vínculos con actividades delictivas, lo que llevó al Gobierno federal a plantear la necesidad de crear una herramienta preventiva dentro del proceso electoral.
La mandataria recordó que al inicio de su administración, con la operación Enjambre, fueron detenidos presidentes municipales o trabajadores de ayuntamientos relacionados con actividades criminales.
También mencionó otros casos que, dijo, reforzaron la preocupación dentro de su gobierno. "Después vino el caso de Teuchitlán, donde el alcalde de Movimiento Ciudadano fue detenido por tener vínculos delincuenciales; luego el caso de Tequila", señaló.
A esos episodios se sumó la detención reciente de dos presidentes municipales y trabajadores de ayuntamientos en Morelos, hechos que terminaron por acelerar la discusión dentro del Gobierno federal sobre la necesidad de fortalecer los filtros para futuras candidaturas.
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Sheinbaum afirmó que varias de estas investigaciones surgieron a partir de denuncias ciudadanas. "Mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y yo pedí que hubiera investigación", declaró. A partir de esos antecedentes, dijo, comenzó el análisis sobre qué podía hacerse para que el INE tuviera capacidades de revisión preventiva, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.
Reforma apunta a elecciones de 2027
La presidenta reconoció que estos casos no representan una condición generalizada dentro de la política mexicana, pero sostuvo que sí son una alerta suficiente para abrir una discusión legislativa antes de las próximas elecciones intermedias.
"Son casos aislados, no es una cosa generalizada, pero es importante, si vamos a tener elección en 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que postula tiene o no algún antecedente", afirmó.
La intención del Gobierno es que esta iniciativa pueda discutirse en periodo extraordinario dentro del Congreso, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría legislativa.
Si avanza, la reforma abriría una nueva etapa en el proceso de selección de candidaturas, al incorporar un mecanismo institucional para alertar a los partidos políticos sobre posibles riesgos antes de registrar aspirantes a gubernaturas, alcaldías, congresos locales o posiciones legislativas.
El debate de fondo gira en torno a una preocupación que en los últimos años se ha instalado en distintas regiones del país: la posible infiltración del crimen organizado en gobiernos locales y su eventual llegada al poder a través de procesos electorales.
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