NARCO Y POLÍTICA
Entre amenazas a candidatos y financiamiento de campañas, así se infiltró el Cártel de Sinaloa en 8 municipios de Morelos
Júpiter Araujo Bernard, presunto operador del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos, habría sido el enlace entre el crimen organizado y gobiernos municipales.
La infiltración del crimen organizado en la vida política de Morelos dejó de ser una hipótesis para convertirse, según la Fiscalía General de la República (FGR), en una estructura operativa con alcance en al menos ocho municipios del estado.
De acuerdo con investigaciones federales, el Cártel de Sinaloa habría intervenido en procesos electorales locales mediante financiamiento de campañas, presión sobre actores políticos y la construcción de redes de colaboración dentro de los propios ayuntamientos.
El caso tomó mayor fuerza pública tras un operativo federal que terminó con la detención de seis funcionarios y exfuncionarios públicos, señalados por posibles vínculos con esta red. Las autoridades consideran que no se trata de hechos aislados, sino de un esquema de infiltración institucional que permitió al grupo criminal operar con mayor libertad en la región.
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Financiamiento político e imposición de condiciones
De acuerdo con la FGR, la entrada del crimen organizado a los gobiernos municipales habría comenzado en el ámbito electoral. A través de recursos ilícitos, el grupo delictivo habría apoyado a ciertas candidaturas que después llegaron a cargos públicos, generando compromisos políticos a cambio de protección o tolerancia para operar.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que las investigaciones también han documentado casos de intimidación contra aspirantes que competían con intereses contrarios al grupo criminal, lo que habría afectado la equidad de las elecciones en municipios clave.
Según la investigación, esta dinámica no solo permitió que llegaran funcionarios vinculados a esta red, sino que también consolidó una estructura de influencia que habría facilitado delitos como extorsión, narcomenudeo, robo y secuestro en distintas zonas del estado.
Municipios bajo influencia y aumento de la violencia
Las autoridades federales han identificado la presencia de esta red en al menos ocho municipios de Morelos, aunque hasta ahora solo se han señalado públicamente tres como principales puntos de operación: Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.
En estas localidades, la FGR sostiene que la infiltración en los gobiernos municipales habría permitido que las actividades criminales se realizaran bajo una apariencia de normalidad institucional. Esto habría coincidido con un aumento de la violencia en el estado durante 2024, con delitos de alto impacto y disputas entre grupos criminales por el control del territorio.
Las investigaciones también relacionan este contexto con hechos violentos registrados en años recientes, como el asesinato de exalcaldes en 2022 y 2023, además de agresiones contra aspirantes a cargos públicos durante el proceso electoral 2023–2024.
Detenciones y red de funcionarios señalados
Como parte de la llamada "Operación Enjambre", autoridades federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra seis personas vinculadas a estructuras municipales en Morelos. Entre los detenidos se encuentran exalcaldes, funcionarios en activo y exservidores públicos de distintos niveles de gobierno.
Entre los señalados figura el entonces presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; así como integrantes del ayuntamiento de Cuautla, entre ellos Horacio Zavaleta Malacara, secretario municipal; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero; y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del municipio. También fue detenida Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.
Las autoridades señalan que estas personas habrían formado parte de la red de colaboración política que permitió la operación del grupo criminal dentro de las estructuras municipales.
El papel de Júpiter Araujo Bernard en la estructura criminal
Uno de los nombres más relevantes en la investigación es el de Júpiter Araujo Bernard, identificado por autoridades como operador regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. De acuerdo con la FGR, este individuo habría sostenido reuniones con funcionarios y actores políticos locales, algunas de las cuales forman parte de las pruebas integradas en la investigación.
Las autoridades también han detectado posibles encuentros entre operadores políticos y redes criminales en la región, lo que habría reforzado la influencia del grupo delictivo en el ámbito municipal.
El operativo se llevó a cabo con la participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con otras autoridades federales.
Una red aún en proceso de desmantelamiento
Aunque ya se han realizado detenciones y distintas acciones judiciales, la Fiscalía General de la República ha señalado que la investigación sigue abierta. El objetivo, explican las autoridades, es identificar a todas las personas involucradas y desmantelar por completo los vínculos entre gobiernos municipales y grupos del crimen organizado.
La FGR advierte que este caso no se trata solo de hechos aislados ni de algunos funcionarios, sino de un esquema más amplio de infiltración en las instituciones. En este escenario, el financiamiento de campañas habría sido solo la forma de entrada para una relación más profunda entre autoridades locales y el crimen organizado.
De confirmarse por completo las investigaciones, este caso mostraría cómo el poder municipal en varias zonas de Morelos pudo haber sido influido por el Cártel de Sinaloa, con efectos directos en la seguridad y la vida política de la entidad.
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