- 15 de mayo de 2026
Autoridades estadounidenses aseguran que Gerardo Mérida Sánchez alertó sobre al menos 10 redadas a laboratorios clandestinos

El nombre de Gerardo Mérida Sánchez volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que trascendiera que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La acusación en su contra no sólo apunta a supuestos sobornos millonarios, sino también a una presunta colaboración sistemática para evitar que autoridades golpearan la estructura criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo.

La entrega de Mérida Sánchez en Estados Unidos
De acuerdo con reportes dados a conocer este 15 de mayo, Mérida Sánchez se presentó ante autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo en Arizona. Posteriormente habría sido trasladado a Nueva York, donde se concentran las investigaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de EEUU.
El ex funcionario forma parte del grupo de 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses que fueron incluidos recientemente en una acusación federal relacionada con narcotráfico y presunta protección institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres mencionados en esos expedientes también aparece el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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Las acusaciones: sobornos mensuales y protección a laboratorios
Según la acusación federal estadounidense, Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares en efectivo por parte de Los Chapitos mientras encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024.
Las investigaciones sostienen que el ex funcionario utilizó su posición para facilitar las operaciones del grupo criminal y evitar acciones policiales que afectaran sus actividades.
El documento del Departamento de Justicia señala que, como titular de seguridad estatal, tenía bajo su supervisión a la Policía Estatal y también influencia en el nombramiento de mandos dentro de la corporación.
A cambio de los presuntos pagos ilegales, las autoridades estadounidenses aseguran que Mérida Sánchez permitió que la estructura criminal operara sin interferencia y, además, proporcionó información sensible sobre operativos oficiales.
Las alertas anticipadas que habrían salvado laboratorios clandestinos
Uno de los puntos más delicados de la acusación es el supuesto aviso anticipado de redadas contra laboratorios de drogas.
De acuerdo con la investigación, Mérida Sánchez alertaba previamente a Los Chapitos sobre operativos de fuerzas de seguridad, lo que permitía mover drogas, equipo y personal antes de la llegada de las autoridades.
El expediente sostiene que tan sólo en 2023 habría advertido sobre al menos 10 operativos dirigidos contra laboratorios clandestinos.
Según la acusación, esas filtraciones provocaron que integrantes del grupo criminal evacuaran instalaciones y retiraran evidencia antes de los cateos, impidiendo decomisos y detenciones.
En el documento judicial se establece que el ex secretario presuntamente:
"no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas".

El contexto de las investigaciones contra funcionarios de Sinaloa
La entrega de Mérida Sánchez ocurre en medio de una creciente presión de Estados Unidos contra redes políticas y de seguridad presuntamente relacionadas con el tráfico de fentanilo.
En los últimos meses, autoridades estadounidenses han endurecido sus investigaciones sobre posibles esquemas de corrupción institucional que habrían permitido al Cártel de Sinaloa mantener operaciones de producción y trasiego de drogas sintéticas.
Las acusaciones colocan nuevamente a Sinaloa bajo el reflector internacional, especialmente por el papel que presuntamente habrían desempeñado funcionarios públicos en la protección de estructuras criminales ligadas a Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
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