CONTINÚA EL CHOQUE DE NARRATIVAS
La red oculta de la Generación Z: el PAN, pagos millonarios y el ascenso de Edson Andrade
La marcha que se presentó como ciudadana terminó revelando una operación política que involucra al PAN, acusaciones desde Morena y un contrato millonario.
La marcha de la llamada Generación Z, realizada el 15 de noviembre en el Centro Histórico, no solo dejó heridos y disturbios: abrió una pugna política que ahora gira en torno al nombre de Edson Saúl Andrade Lemus.
Lo que comenzó como un movimiento presentado como independiente terminó revelando una compleja red de intereses, disputas narrativas y señalamientos que alcanzan al PAN, a Morena, al Gobierno de la Ciudad de México y hasta a uno de los empresarios más influyentes del país.
En apenas 48 horas, Andrade pasó de liderar un discurso sobre represión e inseguridad juvenil, a convertirse en el epicentro de un escándalo que cuestiona su papel en la movilización y expone una posible operación de carácter político bajo la fachada de una protesta apartidista. Sin embargo, tas ser exhibido, tomó una postura radical: anunció que dejará el país, por miedo a supuestas amenazas.
De la "represión brutal" al contrato millonario
La mañana del martes, Andrade buscaba ocupar el centro del debate público con una denuncia directa: "Yo personalmente tengo miedo después de todas las amenazas que recibo, después de tener a todo el aparato propagandístico [...] del Gobierno encima de mí".
Se declaró víctima de intimidación y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum derecho de réplica en la mañanera, luego de que su foto apareciera en la conferencia matutina, en donde fue vinculado a partidos políticos de oposición. Minutos antes, había defendido con insistencia la independencia del movimiento: "No tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos financiamiento... Yo no he militado en ningún partido político".
Pero el giro llegó por la tarde, cuando, la difiente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, publicó un contrato de seis páginas que acredita que Andrade fue contratado por el PAN capitalino por 2 millones 106 mil 810 pesos, divididos en pagos mensuales hasta 2026. El documento contradice de manera frontal la narrativa que el joven impulsó en entrevistas y redes sociales.
El impacto no fue solo mediático. También desactivó, de facto, la solicitud de derecho de réplica que Andrade había hecho horas antes. La disputa dejó de ser sobre represión y pasó a ser sobre credibilidad.
Edson Andrade asegura que dejará el país tras ser exhibido por Morena
En un video difundido en redes, Andrade denunció que la divulgación de sus datos personales y las acusaciones sobre presuntos pagos millonarios lo colocaron en una situación de riesgo que —según él— va más allá de la confrontación política.
El joven sostiene que la dirigencia de Morena construyó una narrativa falsa al presentarlo como beneficiario de un contrato millonario ligado al PAN. Asegura que esa exposición pública detonó amenazas y un clima adverso que hizo inviable permanecer en México.
"La persecusión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen".
Para Andrade, el contrato exhibido por Luisa María Alcalde corresponde únicamente a servicios profesionales. Insiste en que no tiene relación con la protesta del 15 de noviembre ni con sus posicionamientos personales:
"Buscan criminalizarme por trabajar exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales... me acompaña un equipo de jóvenes que como yo, prestan sus servicios profesionales".
El activista afirma que su participación pública no está financiada por ningún partido. Explica que ha protestado desde los 16 años y cuestiona que se ponga en duda su trabajo mientras funcionarios cuentan con propiedades y lujos que, dice, nunca se transparentan.
En su mensaje también acusa un patrón de persecución contra distintos sectores sociales —periodistas, productores, madres buscadoras, feministas— y sostiene que ahora el blanco son los jóvenes que protestan:
"Nos meten a la cárcel por protestar y nos criminalizan por alzar la voz y exponer la realidad nacional, pero sabe qué, no nos vamos a dejar".
Respecto a la posibilidad de denunciar el uso y exposición de sus datos personales, aseguró que no confía en las instituciones, pues la Fiscalía capitalina está encabezada por Bertha Alcalde, hermana de la dirigente nacional de Morena.
"¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia".
También negó tener motivos para ocultarse: "Cuando las cosas son ilícitas, se ocupan sobres amarillos, de esos que su partido ocupa muy bien".
Andrade cerró su mensaje con la promesa de continuar manifestándose pese a su salida del país: "Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa; yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando. Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo, y ya no tenemos miedo".
Sheinbaum pide documentar; Brugada señala una operación opositora
Horas antes, en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum optó por la contención, aunque dejó clara la relevancia del contrato de Andrade: "Es muy importante que esta información sea analizada por todas y todos para que quede bien documentado".
Quien sí endureció el discurso fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que desmanteló la versión de una movilización juvenil espontánea. Señaló directamente a grupos opositores y a un empresario en particular —Ricardo Salinas Pliego— como responsables de impulsar la protesta:
"Tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos y, por cierto, dueño de la concesión de una de las televisoras más importantes del país. Y claro que ha convocado a la violencia, desde días anteriores, aquí hay unos tuits".
Brugada afirmó que la irrupción del bloque negro tuvo un objetivo político claro: generar la imagen de represión y presentar la protesta como un gran movimiento juvenil contra la 4T. Según su análisis, fallaron en ambas metas.
Entre infiltrados, lesionados y contradicciones: el saldo institucional
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reportó 60 policías lesionados (40 hospitalizados), el uso de esmeriles para intentar cortar cadenas de seguridad y agresiones con piedras y cohetones. La SSC inició 18 investigaciones internas por posibles violaciones de actuación policial.
El PAN, por su parte, respondió con una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. El diputado Federico Döring denunció "graves violaciones" y solicitó modificaciones al Protocolo de Actuación Policial:
"Las imágenes son contundentes: golpes a manifestantes sometidos, uso de agentes químicos [...] Nada de esto es compatible con un Estado que dice respetar derechos humanos".
Así, mientras Morena acusa operación opositora y el Gobierno capitalino defiende el actuar policial, el PAN intenta colocar la narrativa de represión estatal.
La presencia opositora y el desplome del discurso apartidista
Aunque el movimiento se presentó como emergente y juvenil, en el contingente aparecieron figuras como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y Emilio Álvarez Icaza. Su participación desdibujó la supuesta autonomía de la marcha, justo en el momento en que el contrato de Andrade reforzaba los señalamientos de operación política.
La protesta que empezó como un fenómeno viral —con estética de TikTok, memes y discursos de hartazgo generacional— terminó mezclándose con viejas figuras políticas y tensiones partidistas, lo que erosionó el mensaje original.
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