INSEGURIDAD
El asesinato de Carlos Manzo desata indignación y disturbios en Michoacán: hay 8 detenidos
La Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación por los daños en el Palacio de Gobierno durante las protestas por el crimen de Carlos Manzo
La tensión en Michoacán continúa después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por los daños provocados en el Palacio de Gobierno en Morelia, tras las manifestaciones que exigían justicia por el crimen del funcionario.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía Regional recibió aviso sobre la irrupción de un grupo de manifestantes que ingresó al inmueble y causó afectaciones en 16 áreas del edificio, incluida la puerta principal.
El personal pericial se trasladó de inmediato al sitio para realizar diligencias como la recolección de evidencias, fotografía forense y levantamiento de inventarios de los daños. Las autoridades informaron que los especialistas permanecerán en el lugar hasta determinar el valor económico de las afectaciones materiales.
Ocho detenidos tras los destrozos
Por estos hechos, ocho personas fueron detenidas e identificadas como Mario Emmanuel "N", Raúl "N", Juan Carlos "N", Pedro Rodrigo "N", Mauricio "N", Nidia Georgina "N", Kitzia Jahari "N" y Alma "N". Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica dentro del plazo que marca la ley.
Mientras tanto, el Palacio de Gobierno permanece bajo vigilancia reforzada, ante el temor de nuevas manifestaciones o actos de vandalismo.
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Protestas y reclamos de justicia
El asesinato del alcalde de Uruapan desató una ola de indignación social. Cientos de personas participaron en el funeral de Carlos Manzo, realizado en la plaza principal de la ciudad, donde los asistentes lo despidieron entre aplausos y música de mariachi. Las calles se llenaron de pancartas con mensajes como "¡Justicia!" y "México está de luto".
Durante las movilizaciones en Morelia, capital del estado, se escucharon gritos de "¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!", en referencia al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Parte de los manifestantes ingresó posteriormente al Palacio de Gobierno, donde se registraron los destrozos que ahora son objeto de investigación.
Un alcalde que denunció su riesgo
Carlos Manzo asumió la presidencia municipal de Uruapan en septiembre de 2024 y desde entonces denunció públicamente la inseguridad en su región, marcada por la disputa del crimen organizado. Solía patrullar las calles con chaleco antibalas y había advertido de las amenazas que enfrentaba.
En septiembre pasado, durante una transmisión pública, advirtió:
"Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal. No queremos ser un alcalde asesinado más".
Reacciones oficiales y refuerzo de seguridad
Tras el crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y aseguró que su gobierno reforzará la estrategia nacional de seguridad. En su cuenta de X, la mandataria afirmó que "estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecer aún más" las políticas de combate al crimen organizado.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, declaró que Manzo contaba con apoyo de la Guardia Nacional desde diciembre del año pasado, con un refuerzo de 14 elementos adicionales desde mayo. Aseguró que no se ha descartado ninguna línea de investigación sobre el crimen.
Violencia creciente en Michoacán
La muerte de Manzo se suma a una larga lista de asesinatos que han golpeado al estado. Días antes, Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, fue asesinado tras denunciar extorsiones y exigir protección para trabajadores agrícolas.
La violencia se concentra en zonas productoras de aguacate y limón, cuya exportación a Estados Unidos constituye una de las principales fuentes económicas de Michoacán. Sin embargo, la actividad está bajo constante presión de los cárteles.
En la región operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, ambos catalogados por el gobierno de Estados Unidos como "organizaciones terroristas extranjeras".
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