TENSIÓN EN COLIMA
Exalcaldesa de Manzanillo, enfrentará proceso penal por autorizar bono millonario a funcionarios
La exalcaldesa y varios exintegrantes de su administración fueron vinculados a proceso por delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones.
La expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, fue vinculada a proceso junto con exfuncionarios de su gabinete y miembros del Cabildo, tras ser señalada por haber aprobado, en los últimos días de su gestión, la entrega de un "bono de subsistencia" de más de 25 millones de pesos para casi 200 trabajadores de confianza, incluidos directores y regidores.
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La medida, equivalente a tres meses de salario, se convirtió en el eje de la acusación por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y violaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en Colima. Según determinó la jueza de control, existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra la exalcaldesa y su equipo cercano.
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Funcionarios implicados
Además de Martínez, fueron vinculados Héctor Ramírez, exoficial mayor; Eduardo Camarena, extesorero; Héctor Luna, exdirector de Recursos Humanos; y las exregidoras Rosa Herrera, Karla Nai y Zarina Jocelyn Calleros. También se suman a la lista el exregidor Daniel Mendoza y las actuales regidoras Martha Zepeda del Toro (MC) y Sara Valdovinos (PRI).
La jueza dictó como medida cautelar la separación temporal del cargo para Zepeda y Valdovinos, debido a que aún se desempeñan como regidoras en el Ayuntamiento de Manzanillo. El resto de los implicados enfrentará el proceso en libertad mientras transcurre el plazo de tres meses fijado para la investigación complementaria.
Acusaciones de persecución
La resolución judicial provocó un fuerte eco en la arena política. Y es que Griselda Martínez, otrora integrante de Morena, se ha posicionado como una de las voces más críticas de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Incluso, tras ser expulsada de ese partido meses antes de las elecciones de 2024, se unió a Movimiento Ciudadano, con el cual buscó un escaño en el Senado.
El dirigente emecista y excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez acusó directamente a la gobernadora Vizcaíno y a la actual alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo (también de Morena), de orquestar una estrategia de acoso político contra Martínez y Zepeda.
"Siguiendo el mal ejemplo de lo sucedido en Veracruz y Campeche, pervierten las instituciones judiciales para perseguir a sus adversarios", denunció Máynez en su cuenta de X.
Griselda Martínez se defiende
Al término de la audiencia, la exalcaldesa rechazó los señalamientos y calificó el caso como un proceso impulsado por intereses políticos.
"Seguiremos defendiendo y argumentando lo que hemos sostenido desde el inicio: no hemos cometido ninguno de los delitos que se nos imputan. Vamos a recurrir a todos los instrumentos jurídicos disponibles para nuestra defensa", declaró ante medios locales.
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Martínez fue más allá y aseguró que en Colima persisten grupos de poder que manipulan la justicia en beneficio propio. "El estado sigue cooptado por un grupo de interés y, por esa razón, son capaces de atreverse a dictar sentencias sin hacer justicia", acusó.
En redes sociales, la exalcaldesa criticó a la jueza que dictó la vinculación a proceso, Brenda Ivonne Zepeda Alcaraz, a quien llamó "la juez del bienestar", asegurando que actuó bajo consigna, en referencia a publicaciones previas que la vinculaban con simpatías hacia Morena.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se pronunció sobre la resolución, al considerar "excesiva e injustificada" la medida de separar del cargo a su regidora Sara Valdovinos.
"La política no debe ser utilizada como herramienta de persecución ni de revancha. La voz ciudadana que representa nuestra compañera no puede ni debe ser acallada mediante decisiones que lesionan la vida democrática de los municipios", señaló la dirigencia priista en un comunicado.
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