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Salinas Pliego llama a boicot judicial y en redes proponen ir contra Elektra, TV Azteca y Totalplay
El magnate mexicano, acusado de intentar sobornar a ministros de la Corte, instó a rechazar las elecciones judiciales; usuarios reaccionaron con una campaña en contra de sus empresas.
El empresario Ricardo Salinas Pliego realizó un llamado para boicotear las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, pero no se esperó la respuesta de algunos internautas ya que terminó convirtiéndose en un movimiento que ahora busca castigar a sus propias empresas. Usuarios en redes sociales respondieron con una contraofensiva: boicotear a Elektra, TV Azteca, Totalplay y Banco Azteca, tras conocerse denuncias de intento de soborno a jueces y ministros de la Suprema Corte por parte del magnate.
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A través de su cuenta en X, Salinas Pliego hizo un llamado a sus seguidores, a quienes frecuentemente se refiere como "mis sobrinos", a organizar un boicot en contra de las elecciones judiciales. Proceso que será clave en la renovación de jueces, ministros y magistrados en el país.
El empresario, dueño de Grupo Salinas, conglomerado que incluye a Elektra, TV Azteca, Banco Azteca y Totalplay, se refirió al Poder Judicial como "la única defensa del ciudadano frente al Estado" y calificó el proceso de reforma como un "fraude", argumentando que se han utilizado presiones y compra de votos para concretarlo.
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"Han presionado y comprado votos de senadores para completar la mayoría, esto no es democracia", publicó el magnate, en alusión a las negociaciones en el Congreso para sacar adelante la reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo.
Aunque no todo salió como esperaba, su pronunciamiento fue rápidamente contrarrestado por usuarios de redes sociales, quienes señalaron que Salinas Pliego carece de legitimidad para hablar sobre independencia judicial, debido a los señalamientos que enfrenta por intentar influir ilegalmente en decisiones de la Suprema Corte.
Señalamientos de intento de soborno a ministros de la Corte
Las críticas en su contra cobraron fuerza a partir de las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf. En septiembre de 2024, Ortiz denunció que emisarios del Grupo Salinas se acercaron a ella antes de asumir su cargo con una propuesta que, según explicó, representaba una forma encubierta de soborno.
La ministra reveló que estas personas le ofrecieron encargarse de su imagen pública y campañas de comunicación. Ortiz interpretó esto como un intento de ganar su simpatía en litigios relacionados con adeudos fiscales millonarios que enfrenta Elektra ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Añadió que estas prácticas suelen disfrazarse como favores, como boletos para eventos deportivos o viajes a estadios, e incluso acompañamiento con familiares o amigos.
Ortiz subrayó que este tipo de "atenciones" son métodos sutiles pero efectivos de corromper a los operadores de justicia. "Así se presentan. No siempre te dicen ´te doy tanto´, sino que se acercan con ofertas difíciles de rechazar, disfrazadas de cortesías".
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Reacción de Salinas Pliego y Grupo Salinas
Tras las acusaciones, tanto Ricardo Salinas Pliego como su conglomerado empresarial salieron al paso con una contundente negativa. En un comunicado, Grupo Salinas calificó las declaraciones de Loretta Ortiz como "falsas" y sugirió que la ministra estaría buscando capital político de cara a los procesos de renovación en el Poder Judicial.
"Loretta Ortiz fabricó de manera falaz una inexistente propuesta atribuida a un grupo no identificado, en busca de beneficios", acusó la compañía, agregando que la ministra "ha dejado de ser juzgadora para convertirse en una política más".
Por su parte, Salinas utilizó sus redes sociales para burlarse de las acusaciones, escribiendo: "La señora esa dice que ´mi gente´ le ofreció apoyo con su imagen... ¡NOOOO! Yo no acepto casos perdidos ni misiones imposibles", en tono irónico.
El empresario también ha promovido recursos judiciales para apartar a ciertos ministros de los casos relacionados con sus empresas, entre ellos la propia Ortiz, lo que ha sido interpretado como un intento de evitar resoluciones desfavorables en la Corte.
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