Morena vs SCJN: anuncian juicio político contra ministro Pérez Dayán

En una movida política, los diputados de Morena preparan el terreno para un juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán. La vicecoordinadora de los diputados morenistas, Aleida Alavez, anunció esta decisión, argumentando que el ministro se extralimitó en sus funciones al emitir un voto de calidad que resultó en la anulación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El impactante anuncio de Morena surge en respuesta al fallo de la Segunda Sala de la SCJN, que otorgó un amparo a seis empresas, invalidando parte de la Ley de la Industria Eléctrica vigente desde marzo de 2021. La decisión de Pérez Dayán, quien votó a favor de la sentencia, ha desencadenado una reacción política sin precedentes.

Aleida Alavez expresó su indignación ante lo que considera un atropello del Poder Judicial. "Profundamente indignados en el poder legislativo por el atropello de dos ministros", afirmó la legisladora, refiriéndose al voto de calidad que resultó en la inconstitucionalidad de la reforma, respaldada por ocho ministros contra dos.

¿Quién es el Ministro Alberto Pérez Dayán?

Alberto Pérez Dayán, actual ministro de la SCJN, es un abogado con una destacada trayectoria académica y profesional. Graduado de la Universidad La Salle, ha obtenido especializaciones en Amparo y Derecho Constitucional, así como maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su nominación como ministro ocurrió en 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.

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La Segunda Sala, mediante el voto a favor de Pérez Dayán y otros ministros, concedió el amparo a seis empresas, declarando inconstitucional parte de la Ley de la Industria Eléctrica. Esta reforma, impulsada por López Obrador, favorecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en la generación de energía eléctrica.

La sentencia, de efectos generales, busca evitar distorsiones en el sector eléctrico y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes del mercado. Se concedió el amparo a empresas como Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Engie Abril PV, Eólica Tres Mesas 4, Tractabel Energía de Pánuco y Tractabel Energía de Monterrey.

La respuesta de Morena no se hizo esperar, acusando a dos ministros de violentar su propia ley y actuar con premeditación contra una legislación aprobada por la Cámara de Diputados. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, subrayó la importancia del respeto entre poderes y expresó su preocupación por la división de poderes y el Estado de derecho.

Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de los puntos constitucionales, consideró la actuación de los ministros como una violación que implica responsabilidad administrativa y política. La indignación de los legisladores de Morena se centra en lo que perciben como una acción arbitraria y la violación de procedimientos por parte de la SCJN.

Aleida Alavez anunció la intención de acelerar las reformas que regulan a la SCJN para eliminar el voto de calidad, que consideran fue "tramposamente usado". La coordinación de Morena busca una respuesta legal a lo que describen como un atropello por parte del Poder Judicial.

Especialistas en derecho constitucional señalan que, si bien la sentencia de la SCJN da cierre legal a este capítulo, la posibilidad de futuros amparos indirectos ante jueces especializados podría mantener la tensión entre el gobierno y las empresas privadas en el sector eléctrico.

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Las reformas propuestas por el gobierno de López Obrador han generado tensiones desde 2020, con cambios en el despacho eléctrico y disputas sobre la participación de privados en la generación de electricidad. La reciente invalidación de parte de la Ley de la Industria Eléctrica despierta preocupaciones sobre el respeto a la competencia en el mercado eléctrico nacional.

Las reformas a la ley eléctrica propuestas por el gobierno de López Obrador han generado controversias a nivel internacional. Tanto Estados Unidos como Canadá activaron mecanismos de solución de controversias bajo el T-MEC, argumentando que estas reformas discriminaban a favor de la CFE y afectaban el espíritu del tratado.

A medida que la situación evoluciona, la incertidumbre prevalece en el sector eléctrico mexicano. La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se intensifica, mientras las empresas privadas observan de cerca los desarrollos que impactarán directamente en su participación en el mercado. La búsqueda de un equilibrio entre el fortalecimiento de la CFE y la promoción de la competencia se mantiene como uno de los desafíos clave en el sector eléctrico mexicano.

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