Reforma Judicial
¿La SCJN está facultada para frenar la Reforma al Poder Judicial?
Entre suspensiones provisionales y la incertidumbre legal, el debate sobre la reforma judicial continúa intensificando el proceso.
La reforma al poder judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con cuatro suspensiones provisionales concedidas por jueces de diferentes estados, la pregunta clave que resuena en el panorama político y judicial es: ¿puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detener esta reforma? Diversos sectores del poder político y judicial se preparan para lo que podría ser una batalla legal.
El conflicto legal en torno a la reforma judicial
La controversia de la reforma judicial tiene múltiples suspensiones que han frenado temporalmente el proceso. El conflicto alcanzó un nuevo punto cuando un juez en Colima otorgó la cuarta suspensión provisional en respuesta a una demanda presentada por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Esta situación plantea la pregunta: ¿existe algún órgano, figura o institución que pueda detener la reforma judicial de manera definitiva?
La cuarta suspensión provisional en Colima
El juez Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, concedió esta cuarta suspensión provisional contra la reforma. La suspensión impide al Congreso de la Unión votar y aprobar la propuesta de reforma de López Obrador. La demanda, promovida por la Fundación Iris, argumenta que la reforma vulneraría la Constitución, comprometiendo la autonomía del poder judicial, derechos protegidos tanto a nivel nacional como por tratados internacionales.
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El juez García Contreras fijó la audiencia para el próximo 12 de septiembre, donde se decidirá si la suspensión se convierte en definitiva. Esta sería la cuarta vez que la reforma se enfrenta a una suspensión definitiva, aumentando la tensión en el debate público sobre el futuro del sistema judicial mexicano.
La primera suspensión: el precedente en Chiapas
La primera suspensión fue otorgada por la jueza Martha Magaña López el pasado 31 de agosto, marcando el inicio de una serie de decisiones que han puesto en jaque el proceso legislativo. Ese mismo día, el juez Felipe Consuelo Soto, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en Chiapas, también concedió una suspensión, con el objetivo de frenar el envío de la reforma a los congresos estatales.
Para que una reforma constitucional sea aprobada en el país, es necesario que ambas cámaras del Congreso la aprueben y también debe recibir el aval de al menos 17 congresos estatales. El juez Consuelo Soto, al conceder su suspensión, dejó claro que ninguna de las cámaras legislativas podría remitir la reforma a los congresos locales hasta que se resolviera la suspensión definitiva, lo que está previsto para este 6 de septiembre.
El proceso judicial y las suspensiones de oficio
En el contexto de un juicio de amparo, cuando un juez recibe una demanda alegando la violación de derechos humanos por parte de una autoridad, lo primero que debe hacer es evaluar si hay pruebas suficientes para conceder una suspensión provisional. Esta medida busca evitar que se siga causando un daño irreparable mientras el proceso judicial se desarrolla.
Una vez concedida la suspensión provisional, el siguiente paso es la determinación de una suspensión definitiva, que se mantendría en vigor hasta que se resuelva el amparo de manera definitiva. Este mecanismo ha sido clave para detener, al menos temporalmente, el avance de la reforma judicial en varias instancias.
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La Suprema Corte entra en el debate: ¿tiene facultades para detener la reforma?
En este complejo escenario, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha planteado una consulta a los ministros del Pleno del Alto Tribunal. La consulta tiene como fin determinar si la SCJN tiene facultades para intervenir y analizar las suspensiones dictadas en torno a la reforma judicial, y si puede suspender el debate legislativo en el Congreso de la Unión.
Esta consulta fue promovida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que solicitó a la Corte que atrajera el dictamen de la reforma judicial. La JUFED argumenta que la Corte tiene la facultad de intervenir para garantizar la autonomía, basándose en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El papel de la SCJN como guardiana de la Constitución
La SCJN tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes y los actos de autoridad no violen la Constitución ni los derechos humanos. Su función es proteger la separación de poderes y velar por el principio democrático, aspectos fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano.
Los magistrados y jueces que integran la JUFED consideran que la reforma vulnera estos principios, lo que ha llevado a la ministra Piña Hernández a ordenar a sus colegas que revisen si el Pleno puede o no intervenir en este proceso legislativo. Esta revisión será clave para determinar si la SCJN tiene facultades no solo para analizar la reforma, sino también para suspender la discusión y votación en el Congreso.
La oposición se prepara para una batalla judicial
Mientras tanto, la oposición política, representada por los diputados de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, también ha comenzado a movilizarse en contra de la reforma judicial. Estos partidos han cuestionado la legalidad del proceso legislativo, señalando irregularidades en la convocatoria y en el quórum necesario para aprobar la reforma. La votación de la reforma se llevó a cabo en una sede alterna, en el deportivo de la Magdalena Mixhuca, debido a bloqueos realizados por trabajadores del poder judicial en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Los líderes de la oposición, como Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano, han señalado que se preparan impugnaciones judiciales para detener la reforma, argumentando que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Ortega también cuestionó el quórum de la votación, sugiriendo que varios diputados que supuestamente participaron en la sesión en realidad no estuvieron presentes.
Los legisladores opositores denunciaron que el cambio de sede no garantizó las condiciones mínimas para llevar a cabo el proceso legislativo. No había podios, sistemas de sonido adecuados ni un tablero electrónico para registrar las votaciones, lo que generó dudas sobre la transparencia y legalidad de las decisiones tomadas.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez calificó la sesión como "completamente atípica y atropellada", subrayando que su bancada utilizará estos errores para impugnar el proceso ante las instancias judiciales correspondientes. Entre las anomalías señaladas están la falta de pase de lista y la votación a mano alzada, así como la ausencia de garantías de seguridad para los legisladores.
A pesar de la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma judicial aún debe ser discutida y votada en el Senado. Sin embargo, las suspensiones provisionales y las posibles impugnaciones judiciales sugieren que el camino hacia la aprobación final de la reforma será largo y complicado. La SCJN jugará un papel crucial en este proceso, ya que podría tener la última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma y sobre la validez del proceso legislativo que la ha impulsado.
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