Comisiones del senado respaldan medida para combatir la delincuencia organizada y el cobro de derecho de piso que aqueja al país

Cobro de derecho de piso| Senado aprueba castigar con 12 años de prisión a quien cometa el delito
Cobro de derecho de piso| Senado aprueba castigar con 12 años de prisión a quien cometa el delito Créditos: X (Twitter)

En la lucha contra la delincuencia organizada, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República han dado un paso significativo y han aprobado un dictamen que establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes cometan el delito de 'cobro de derecho de piso' el cual está afectando a miles de mexicanos. 

El dictamen, que ahora pasa al pleno del Senado para su votación final, contempla reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Su objetivo es tipificar el 'cobro de derecho de piso' como un acto de la delincuencia organizada, buscando endurecer las penas para quienes lo practican en México.

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De acuerdo con el texto del dictamen, el 'cobro de derecho de piso' se define como el acto de intimidar a personas físicas o morales para obtener recursos monetarios, en especie o de cualquier otra índole, a cambio de no interferir en sus actividades legales, utilizando amagos, fuerza o cualquier otro medio de amenazas. Esta práctica se castigaría con hasta 12 años de prisión y de 80 a 120 días de multa.

Se castigaría hasta con 12 años de prisión Créditos: RRSS

Los legisladores que lideran estas comisiones, encabezadas por Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña, argumentan que es esencial considerar el 'cobro de derecho de piso' como un delito de la delincuencia organizada. Esto, aseguran, permitirá una respuesta más coordinada y efectiva por parte de las autoridades para combatir esta práctica que afecta con más frecuencia a la sociedad.

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Las reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el dictamen también propone modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas reformas buscan garantizar una reinserción social más efectiva y especializada para las personas adolescentes que hayan cometido delitos, centrándose en la prevención y atención de la reincidencia desde el principio mismo del proceso de reinserción social.

Por lo tanto esta medida busca ser respaldada por las comisiones del Senado y así poder representar un avance importante en la lucha contra la delincuencia organizada y en el fortalecimiento del sistema de justicia penal en México. Ahora, solo queda esperar, ya que se encuentra en manos del pleno del Senado para ratificar esta ley y enviar un mensaje de que el país está comprometido en combatir la criminalidad y proteger a cada uno de sus ciudadanos.

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