De Alejandro Leyva a Roxana Guzmán: los periodistas asesinados en México en lo que va de 2026

Ejercer el periodismo en México continúa siendo una actividad de alto riesgo. A pesar de los mecanismos de protección y de los llamados nacionales e internacionales para garantizar la libertad de expresión, las agresiones contra quienes informan persisten. En lo que va de 2026, al menos seis periodistas han sido asesinados en distintos estados del país, una cifra que mantiene la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa.

De acuerdo con registros de Artículo 19, las agresiones contra periodistas continúan siendo una constante en México. Tan solo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fueron asesinados 52 comunicadores, mientras que en la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los casos siguen encendiendo las alertas.

De los seis asesinatos registrados en lo que va de 2026, la mitad ocurrieron en Veracruz, entidad que desde hace varios años se mantiene entre las más peligrosas del país para ejercer el periodismo. Los demás casos se registraron en Guerrero, Puebla y Oaxaca.

¿Quiénes son los periodistas asesinados en México en lo que va de 2026?

• Carlos Leonardo Ramírez Castro

8 de enero. El primer asesinato de un periodista en 2026 ocurrió en Poza Rica, Veracruz. Carlos Leonardo Ramírez Castro fue atacado a balazos mientras se encontraba en el restaurante de su familia, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego directamente contra el comunicador. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que había fallecido a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

A lo largo de su trayectoria colaboró en medios regionales como Vanguardia, Noreste y La Opinión de Poza Rica. Al momento de su muerte trabajaba para un portal informativo local y daba cobertura a hechos de interés público.

El periodista había contado con medidas de protección, las cuales le fueron retiradas en 2024. Tras el crimen, la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) exigió una investigación exhaustiva para esclarecer el caso y determinar si el homicidio estuvo relacionado con su labor periodística. 

• Luis Ángel López Valdés

11 de junio. Cinco meses después, la violencia volvió a golpear a Poza Rica. Luis Ángel López Valdés, colaborador del portal Vanguardia Veracruz, fue asesinado durante los primeros minutos del día en la colonia Cazones.

Según las primeras investigaciones, hombres armados lo interceptaron en la vía pública y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y paramédicos, quienes confirmaron que el periodista ya no presentaba signos vitales.

López Valdés había denunciado amenazas en su contra y contaba con medidas de protección, situación que volvió a poner en duda la eficacia de los mecanismos destinados a salvaguardar a periodistas en riesgo. La Fiscalía Regional abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

• Roxana Berenice Guzmán Ramírez

2 de junio. El caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez se convirtió en uno de los más impactantes del año. La periodista y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad cuando hombres armados irrumpieron en su domicilio, en Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, mientras preparaba a sus hijos para llevarlos a la escuela.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que fue obligada a salir de su vivienda y subir a un vehículo por la fuerza. Desde ese momento permaneció desaparecida durante varias semanas, hasta que autoridades confirmaron que los restos localizados en un predio del sur de Veracruz correspondían a la comunicadora, tras realizar pruebas periciales.

La investigación derivó en la detención de ocho personas, entre ellas presuntos integrantes del grupo criminal Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados por su probable participación en el secuestro y asesinato. El caso evidenció la posible colusión entre integrantes de la delincuencia organizada y servidores públicos. 

• Manuel Alejandro Moreno Serna, "Alex Serna"

20 de junio. Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, era periodista y activista ambiental en Guerrero. En sus publicaciones denunciaba presuntos casos de tala ilegal, afectaciones ambientales y conflictos relacionados con recursos naturales en la región.

Fue reportado como desaparecido el 20 de junio. Dos días después, autoridades localizaron un cuerpo dentro de un tambo de plástico abandonado a un costado de la carretera, en el municipio de Petatlán. Posteriormente, las pruebas periciales confirmaron que se trataba del comunicador.

Antes de desaparecer había denunciado públicamente amenazas derivadas de su labor periodística y de activismo ambiental. Su asesinato provocó pronunciamientos de organizaciones civiles que exigieron una investigación con perspectiva de libertad de expresión.

• Josué Martínez Contreras

16 de julio. Josué Martínez Contreras fue asesinado mientras caminaba junto a su hijo de 13 años, a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron al periodista y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir. El ataque ocurrió frente a su madre y su hijo, quien sobrevivió y fue quien llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda.

Conocido también como Josué Mac o El Jaguar, era director del medio Noticias San Martín Texmelucan. Además de ejercer el periodismo, era abogado y participaba activamente en causas comunitarias. Días antes había denunciado amenazas en su contra y manifestó públicamente que temía por su seguridad. La Fiscalía de Puebla mantiene abiertas diversas líneas de investigación sobre el crimen.

• Francisco Alejandro Leyva Aguilar

22 de julio. El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar elevó a siete el número de periodistas asesinados en México durante 2026. El comunicador fue atacado mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado cerca de su domicilio, en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca.

Según los primeros reportes, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos abrió fuego directamente contra el periodista. Tras la agresión, ambos huyeron, mientras testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos confirmaron que Leyva Aguilar había muerto en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos.

Leyva Aguilar contaba con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y escribía la columna "El Zumbido del Moscardón", donde analizaba la situación política y de seguridad en Oaxaca.

Meses antes había denunciado amenazas en su contra y cuestionado públicamente la falta de garantías para ejercer el periodismo. La Fiscalía de Oaxaca informó que revisa grabaciones del sistema C5 y otras evidencias para identificar a los responsables

La violencia contra la prensa no cesa

Detrás de cada uno de estos casos hay investigaciones abiertas, familias que esperan respuestas y un gremio que continúa ejerciendo su labor en medio de amenazas y agresiones. Para organizaciones defensoras de la libertad de expresión, garantizar justicia en estos crímenes sigue siendo una condición indispensable para proteger el derecho de la sociedad a estar informada.

Mientras estos crímenes continúen ocurriendo y permanezcan sin resolverse, el periodismo seguirá enfrentando uno de sus mayores desafíos en México. Más allá de las cifras, cada asesinato representa la pérdida de una voz que documentaba la realidad de su comunidad y deja al descubierto la urgencia de garantizar condiciones seguras para quienes ejercen el derecho de informar.

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