Remesas desde EE.UU.: esto podría revisar tu banco tras el nuevo decreto de Trump

La política migratoria y financiera de Donald Trump volvió a poner en alerta a millones de mexicanos que dependen del dinero enviado desde Estados Unidos. El presidente estadounidense firmó una nueva orden ejecutiva que obliga a bancos e instituciones financieras a reforzar la vigilancia sobre transferencias internacionales, una medida que, aunque no prohíbe las remesas, sí podría dificultar el envío de dinero para migrantes sin documentos.

El decreto, titulado "Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos", fue firmado el 19 de mayo de 2026 y coloca bajo la lupa operaciones consideradas "de riesgo", incluyendo depósitos pequeños, movimientos frecuentes y el uso de plataformas digitales de envío de dinero.

La decisión abre un nuevo frente de tensión económica entre ambos países, especialmente para México, donde las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso nacional.

Trump endurece vigilancia sobre transferencias internacionales

La orden ejecutiva instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo máximo de 60 días, nuevas directrices para que bancos y entidades financieras intensifiquen el monitoreo de operaciones internacionales.

Aunque el documento evita mencionar directamente las remesas enviadas por migrantes mexicanos, los lineamientos apuntan precisamente a ese tipo de transferencias.

Entre los movimientos que serán observados con mayor atención aparecen:

• Transferencias transfronterizas de bajo monto.
• Uso de aplicaciones y plataformas peer-to-peer para mover dinero.
• Procesadores de pagos de terceros utilizados para envíos internacionales.
• Depósitos y retiros pequeños y repetitivos ligados a ciclos de nómina.
• Operaciones consideradas como "estructuración", una práctica asociada al fraccionamiento de montos para evitar reportes regulatorios.

El gobierno estadounidense sostiene que estas medidas buscan frenar posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento ilícito. Sin embargo, organizaciones migrantes y analistas financieros advierten que el impacto real recaerá sobre trabajadores extranjeros que utilizan el sistema bancario para enviar recursos a sus familias.

Bancos podrían pedir información migratoria a usuarios

Uno de los puntos que más preocupación ha generado es el fortalecimiento de los programas de identificación de clientes.

La orden faculta a instituciones financieras para solicitar información adicional cuando detecten operaciones consideradas sospechosas. En ese contexto, los bancos podrían requerir datos relacionados con el estatus migratorio de algunos usuarios.

El documento también plantea revisiones más estrictas en cuentas vinculadas a transferencias internacionales frecuentes, especialmente cuando los titulares no cuenten con documentación migratoria regular.

En la práctica, esto podría traducirse en:

• Retención temporal de transferencias.
• Solicitud de más documentos para validar identidad.
• Revisión exhaustiva de movimientos bancarios.
• Rechazo de ciertas operaciones.
• Cierre o congelamiento de cuentas bajo sospecha.

Especialistas consideran que el mensaje político detrás de la medida busca presionar indirectamente a la población migrante indocumentada mediante controles financieros más agresivos.

ITIN, el documento que queda bajo sospecha

La orden ejecutiva menciona explícitamente el uso del ITIN, el Número de Identificación Personal del Contribuyente que utilizan miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias, pagar impuestos y enviar dinero desde Estados Unidos.

El texto señala que este mecanismo "puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada".

La referencia encendió alarmas porque millones de trabajadores mexicanos utilizan precisamente ese documento para operar dentro del sistema financiero estadounidense sin necesidad de contar con un número de seguro social.

Para expertos en migración, el endurecimiento sobre el uso del ITIN podría empujar a muchos migrantes hacia mecanismos informales para mover dinero, incrementando riesgos de fraude, robo o pérdida de recursos.

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México, uno de los países más vulnerables al impacto

México depende fuertemente del flujo de remesas provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Banco de México, durante 2025 el país recibió más de 64 mil millones de dólares por este concepto, colocándose entre los mayores receptores de remesas a nivel mundial.

En miles de comunidades mexicanas, particularmente en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Zacatecas, el dinero enviado por familiares migrantes representa el sustento principal para millones de hogares.

Por ello, cualquier obstáculo en el sistema financiero estadounidense podría tener repercusiones inmediatas en la economía local, el consumo familiar y la estabilidad de comunidades enteras.

Además del impacto económico, organizaciones defensoras de migrantes alertan que el nuevo esquema podría generar miedo entre trabajadores indocumentados, provocando que algunos eviten utilizar bancos tradicionales para no exponerse a revisiones migratorias.

La orden no prohíbe remesas, pero sí cambia las reglas

Hasta ahora, la administración Trump no ha anunciado impuestos directos ni bloqueos formales contra remesas. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva modifica el entorno operativo para quienes envían dinero desde Estados Unidos.

La diferencia es clave: las remesas seguirán siendo legales, pero el proceso podría volverse más complicado, lento y sujeto a mayores filtros de supervisión.

Las autoridades financieras estadounidenses tendrán ahora más margen para investigar patrones de envío, verificar identidades y exigir documentación adicional cuando consideren que existen señales de riesgo.

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