70 AÑOS POR CADA MUERTE
Solicitan sentencia de 140 años de prisión para Doña Carlota; esto es lo que dijo la acusada del doble homicidio
La imputada, identificada como Carlota, enfrenta cargos por la muerte de dos personas en abril de 2025.
El caso de Doña Carlota, una mujer de 74 años acusada de doble homicidio en Chalco, Estado de México, dio un nuevo giro tras la solicitud formal de una pena de 140 años de prisión por parte del Ministerio Público estatal. La petición se presentó durante la audiencia intermedia realizada el 7 de abril, donde también se definió que el proceso continuará hacia juicio.
La imputada, identificada como Carlota Alfaro, enfrenta cargos por la muerte de dos personas en abril de 2025, en un hecho relacionado con la disputa por la posesión de una vivienda. De acuerdo con la acusación, la Fiscalía busca una condena de 70 años por cada víctima, bajo el delito de homicidio calificado con agravantes.
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Durante la audiencia, el juez planteó la posibilidad de un procedimiento abreviado, lo que habría implicado una reducción de la pena a cambio de que los acusados aceptaran su responsabilidad. Sin embargo, tanto Doña Carlota como sus hijos, Eduardo y Mariana, rechazaron esta opción y optaron por continuar con el juicio ordinario.
Este posicionamiento marca la ruta legal del caso, que ha generado un amplio debate público por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La siguiente audiencia fue programada para el 20 de abril, luego de que la diligencia tuviera que ser aplazada por la ausencia de uno de los abogados de las víctimas.
Una acusación con penas acumuladas
Además de la solicitud de 140 años de prisión para Doña Carlota, el Ministerio Público también pidió 210 años de cárcel para sus hijos, quienes enfrentan cargos por doble homicidio y tentativa de homicidio contra un menor de edad.
Las autoridades han señalado que durante el juicio se presentará un conjunto robusto de pruebas que incluye 12 testimonios y seis peritajes, así como material audiovisual que documenta los hechos ocurridos en la vivienda ubicada en la comunidad de Candelaria Tlapala, en Chalco.
El incidente ocurrió cuando los acusados acudieron a una propiedad que, de acuerdo con indagatorias posteriores, pertenece a Mariana. En ese lugar se encontraban personas que presuntamente ocupaban el inmueble tras haberlo rentado por internet, lo que derivó en una confrontación.
La versión de la defensa
El eje central de la defensa de Doña Carlota se mantiene firme: la legítima defensa. Tanto sus abogados como sus familiares han insistido en que la mujer y sus hijos actuaron para proteger su integridad ante una situación de riesgo.
La propia acusada ha sostenido esta postura públicamente.
Esto declaró tras abandonar el penal de Chalco, donde permaneció cerca de un año antes de que se le concediera el beneficio de prisión domiciliaria.
Actualmente, Doña Carlota sigue su proceso bajo esta medida cautelar en el municipio de Chicoloapan, mientras que sus hijos permanecen en prisión preventiva en el penal de Huitzilzingo.
La defensa también adelantó que presentará testigos adicionales para reforzar la narrativa de que los hechos ocurrieron en un contexto de invasión de propiedad y riesgo inminente.
Un caso que ha generado debate
El caso ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un tema de discusión pública, particularmente en torno a los límites de la legítima defensa y la problemática de invasión de viviendas en diversas zonas del país.
En el exterior del centro de justicia en Chalco se han registrado manifestaciones de apoyo a la mujer, mientras que el proceso ha sido ampliamente seguido en medios y redes sociales.
El expediente también incluye antecedentes relevantes: una investigación posterior determinó que la propiedad en disputa pertenece legalmente a Mariana, hija de la acusada, y por el delito de despojo ya existe una persona sentenciada.
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Próximos pasos en el proceso
Con la negativa a aceptar el juicio abreviado, el caso avanzará a la etapa de enjuiciamiento, donde tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas ante un tribunal.
Las autoridades buscan esclarecer si existió dolo en la conducta de los acusados o si, como sostiene la defensa, se trató de una reacción ante una amenaza real. El resultado dependerá del análisis de los testimonios, peritajes y evidencia material que se presenten en las próximas audiencias.
Será el próximo 30 de abril que continuará el proceso que fue pospuesto por e juez tras la inasistencia de un abogado.
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