Lo que hay detrás del caso de los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa

Entre brechas, campamentos abandonados y una violencia que se ha normalizado durante años, las fosas clandestinas de El Verde revelaron el peor desenlace para cinco de los diez trabajadores mineros desaparecidos en Concordia el pasado 23 de enero. Sus cuerpos, enterrados a unos 40 kilómetros del campamento donde laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver, fueron identificados por sus familias tras días de incertidumbre, versiones extraoficiales y silencios institucionales.

La confirmación oficial llegó tarde. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) había informado desde el viernes previo sobre el hallazgo de restos humanos durante cateos en la zona serrana, la identidad de las víctimas se conoció primero por sus familiares y por el sector minero nacional, que el 9 de febrero difundió un posicionamiento conjunto en el que ya daba por identificados a varios de los trabajadores.

Los nombres, el duelo y la espera

Las víctimas identificadas son José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez Nevárez y Jesús Antonio de la O Valdez. Todos fueron reconocidos en el Servicio Médico Forense de Mazatlán y, de acuerdo con la FGR, sus restos serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, de donde eran originarios.

Otros cinco cuerpos fueron localizados en las mismas fosas clandestinas de El Verde, pero permanecen sin identificar. A la par, cinco trabajadores continúan oficialmente desaparecidos: Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saúl Ochoa y Miguel Tapia. Para sus familias, la búsqueda sigue siendo una carrera contra el tiempo y contra el miedo de que la sierra entregue más respuestas de la misma forma.

Un secuestro que tardó en reconocerse

El 23 de enero, hombres armados irrumpieron en el campamento minero "Clementinas", en el municipio de Concordia, y privaron de la libertad a los 10 trabajadores. El hecho ocurrió en una región históricamente minera, pero desde hace casi una década controlada en amplias zonas por grupos del crimen organizado.

Durante varios días, la desaparición no fue reconocida públicamente por las autoridades estatales. Las fichas de búsqueda comenzaron a circular hasta el 28 de enero, cuando los familiares y compañeros de los mineros ya habían denunciado la ausencia y exigido respuestas. Fue entonces cuando la FGR atrajo el caso y desplegó un operativo federal que superó los mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.

Fosas, operativos y detenciones

A inicios de febrero, los cateos en la comunidad de El Verde derivaron en el hallazgo de la primera fosa clandestina. Días después, se confirmó la existencia de una segunda, cercana a la presa El Tecolote, lo que obligó a reforzar el cerco de seguridad con patrullajes terrestres y sobrevuelos de helicópteros artillados.

La FGR informó la detención de al menos cuatro personas presuntamente vinculadas con el secuestro y los asesinatos. También se detectaron campamentos utilizados por grupos delictivos, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque a los trabajadores estuvo relacionado con disputas por el control territorial y actividades económicas ilegales, incluida la minería.

Minería, crimen y territorio

Concordia es una zona rica en yacimientos de plata, oro, plomo y zinc. Durante décadas fue una región de trabajo y tránsito relativamente seguro. Hoy, según representantes del sector minero local, la sierra está dominada por grupos armados que no toleran testigos ni presencia ajena a sus intereses.

"La gente ya no puede circular libremente. Ellos toman la sierra como si fuera su territorio", resume Huascar Peña Inzunza, representante de los pequeños mineros de Sinaloa, quien recuerda una época en la que se podía recorrer la región sin escoltas ni miedo. Ese cambio, dice, coincide con la expansión de la delincuencia organizada y la ausencia efectiva del Estado.

La empresa y el silencio oficial

Desde Vancouver, Vizsla Silver Corp. confirmó que fue notificada por las familias sobre la localización sin vida de sus trabajadores, aunque aclaró que sigue a la espera de información oficial por parte de las autoridades mexicanas. Su director ejecutivo, Michael Konnert, expresó que la empresa está "devastada" por el desenlace y reiteró que su prioridad sigue siendo la localización con vida de los trabajadores que aún no han sido encontrados.

Mientras tanto, el flujo de información ha estado marcado por contradicciones y evasivas. El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la FGR atrajo formalmente el caso apenas días antes y dijo no contar con mayores detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar versiones sobre un posible esquema de cobro de piso contra la minera canadiense, aunque aseguró que el gabinete de seguridad ha seguido el caso desde el primer momento.

Un caso que expone una herida más profunda

El asesinato de al menos cinco trabajadores y la existencia de fosas clandestinas en Concordia no es un hecho aislado. Es el reflejo de una región donde la minería, legal e ilegal, convive con el control criminal, la omisión institucional y el miedo cotidiano.

Mientras continúan las labores forenses y de búsqueda en la sierra, las familias esperan que el caso no se diluya entre cifras, comunicados y detenciones parciales. Para ellas, la exigencia es clara: saber qué pasó con los suyos, encontrar a quienes faltan y que la violencia que enterró a sus compañeros no vuelva a imponerse desde el subsuelo.

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