NIEGA SU EXISTENCIA
"Condenamos el homicidio de Anderson": Alcaldía no reconoció a Sara Millerey González, dijo que mataron a un hombre
Las autoridades difundieron sin censura el video de Sara Millerey González sufriendo en el río, y la llamaron por su nombre de registro: Anderson González.
Sara Millerey González fue asesinada brutalmente el pasado fin de semana. Una mujer trans, joven y víctima de una violencia que en Colombia sigue cobrando vidas en silencio.
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Pero la segunda muerte de Sara ocurrió, como tantas otras veces, no por un arma ni una golpiza, sino por la decisión institucional de negarla.
La alcaldía de Bello emitió un comunicado en el que no reconoció su identidad de género y, en cambio, se refirió a ella como "Anderson González", el nombre asignado al nacer.
En su declaración pública, la administración municipal condenó el homicidio de un "hombre" y se refirió al caso con el nombre legal que figuraba en los documentos de identidad, omitiendo que Sara vivía, se nombraba, se mostraba y era reconocida socialmente como mujer trans.
Con ello, el municipio de Bello la revictimizó, negando su identidad en el momento en que debía, como mínimo, ser honrada con dignidad.
"Desde la alcaldía de Bello rechazamos y condenamos abiertamente el homicidio de Anderson González, ciudadano perteneciente a la comunidad LGTBIQ+del municipio de Bello", afirmó en un video José Rolando Serrano Jaramillo, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.
El funcionario remató su comunicado diciendo:
"Realizamos nuevamente un llamado a toda nuestra comunidad a la tolerancia y al respeto por la diferencia".
La violencia más allá del crimen: la negación del Estado
Organizaciones como Colombia Diversa y Red Comunitaria Trans señalan que la negación de la identidad de género de las personas trans después de su muerte no es una excepción, sino una constante.
En múltiples homicidios de mujeres trans, los boletines oficiales, medios de comunicación y expedientes judiciales desconocen el nombre social de las víctimas, las clasifican como "hombres" y, por ende, no se registran correctamente como feminicidios o crímenes por prejuicio.
Este tipo de omisión no es solo un error de forma. Es un acto de violencia estructural. Al desconocer su identidad, el Estado impide el acceso a la verdad, la memoria y la justicia.
La identidad de género no es un detalle menor ni una preferencia personal: es parte esencial de la dignidad humana, y debe ser respetada incluso —y sobre todo— después de la muerte.
La activista, periodista y politóloga colombiana Mariana Guerrero afirmó que Sara fue revictimizada públicamente:
"La alcaldía de Bello la llamó por un nombre que no reconocía como suyo y divulgó imágenes que atentan contra su dignidad".
Señaló que este caso es otra manifestación más de la violencia y el odio que aún prevalece en la sociedad contra las personas y de la comunidad LGBTIQ+:
"La crueldad con la que fue tratada incluso después de su muerte nos recuerdan que el odio sigue encontrando formas de expresarse. Así como la transfobia mata, la dignidad no es negociable : nombrar, respetar y proteger a las personas trans es un deber del Estado y de toda la sociedad".
¿Dónde están los protocolos?
En Colombia, la Ley 1482 de 2011 penaliza actos de discriminación por razones de identidad de género. Además, existen recomendaciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instan a los Estados a respetar el nombre e identidad de las personas trans en todos los procedimientos, incluidos los comunicados institucionales y trámites forenses.
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A pesar de ello, muchos municipios —como Bello— carecen de protocolos claros para tratar casos que involucren a personas trans. En este vacío legal y político, se perpetúan prácticas revictimizantes y se debilita la respuesta estatal frente a los crímenes de odio.
Nombrar a una mujer trans por su nombre legal asignado al nacer es borrarla. Es repetir la violencia que la mató, ahora desde el poder.
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